A propósito de una nueva visita hecha a la Región Amazónica, por invitación oficial, se volvió a comprobar lo que ha sido la tónica de la contaminación, el pasivo ambiental y contra la vida, ayer, hoy y seguramente siempre, dado los impactos y secuelas que tiene la exploración y explotación petrolera. Unos con mayores daños que otros, la demora en la reparación y las cuentas inconclusas que quedan en medio del olvido con el tiempo.
Lo importante, dos cosas: que no haya impunidad, que ha sido evidente, y que el impacto ambiental sea el menor posible, hoy que el Estado se encamina a la explotación de una parte de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní.
Un ejemplo de daño ambiental: el pozo Aguarico 4, que fuera operado por Texaco desde 1974 y cerrado en 1986. Allí se construyó una piscina que implicaba la responsabilidad sobre el petróleo vertido en ella y las medidas de prevención de la contaminación ambiental que se deben tomar en cuenta rigurosamente para su explotación.
Luego fue abandonada sin concluir todos los procesos de remediación. Sin embargo, el Estado, el 20 de marzo de 1997, a través del Ministerio de Energía y Minas, Subsecretaría de Protección Ambiental, firmó con Texaco Petroleum Company un acta (Notaría 18 del cantón Quito) mediante la cual se aceptan los trabajos realizados en piscinas remediadas, entre ellas se cita Aguarico .
En otros dos casos de la Región Amazónica, la administración de justicia, con el pronunciamiento del anterior Fiscal (también identificado con este Gobierno) liberó de culpa a la compañía Texaco y a Petroecuador. Igualmente hubo otro acuerdo de las autoridades del sector público y privado (gobierno de Mahuad).
La contaminación ambiental ha sido responsabilidad de la empresa privada, como ocurriera con Texaco (hoy Chevron Texaco) pero también de la empresa pública (hoy Petroecuador y Petroamazonas). En esta administración, el 31 de mayo del 2013 se produjo la rotura de un tramo del oleoducto transecuatoriano en el Reventador por deslizamiento de tierras, que ocasionó un derrame de cerca de 11 000 barriles de crudo.
Por este hecho, el ministro del Ambiente del Perú, Manuel Pulgar, denunció la contaminación, a través de los ríos, de 32 comunidades del sector de Loreto (selva norte de ese país) e incluso el presidente Ollanta Humala lamentó los efectos de ese derrame. Petroecuador anunció la contratación de la compañía estadounidense Clean Caribean Americas para remediar y hacer la limpieza ambiental, pero ¿cuáles fueron las secuelas y los resultados de la reparación? Estos hechos advierten lo que pudiera ocurrir en el Yasuní, en donde habría daños inevitables, pero el desafío es que el impacto al ambiente y a la vida sea el menor posible. Petroamazonas tiene sus planes y se espera que esta nueva etapa sea mejor.