En 2017, el femicidio fue la primera causa de muerte violenta en Ecuador. Mientras la violencia contra las mujeres sigue imparable, el Estado continúa inerte. La ausencia de acciones preventivas, la falta de debida diligencia en las investigaciones y la impunidad se han convertido en un patrón.
Como si no bastara con el letargo del gobierno, cada vez más hombres pretenden banalizar las cifras de violencia machista o negar la necesidad de tipos penales específicos y procedimientos expeditos y especializados para protegernos de tal violencia.
Con demasiada frecuencia los escucho afirmar que el tipo penal de femicidio crea una categoría jerárquica de víctima, lo que sugiere que la vida de las mujeres tuviera más valor que la de los hombres. Nada más lejos de la verdad: este tipo penal sanciona la muerte de las mujeres en determinadas circunstancias, precisamente en aquellas en las que el perpetrador no otorga valor alguno a la vida de las mujeres y trata sus cuerpos como si fueran desechables.
Esas mismas voces suelen presentar tendenciosamente las cifras totales de homicidios con el objetivo de demostrar que en el país la mayoría de víctimas de homicidios son hombres, no mujeres. Ignoran que no todo homicidio contra una mujer es un femicidio, sino sólo aquel que se produce en razón de su género. Ignoran también (o pretenden que ignoremos) las circunstancias en las que se asesina a las mujeres. Así, en la mayoría de femicidios, el homicida es su pareja o ex-pareja, alguien de su círculo más íntimo, alguien con quien tuvo una relación de afecto. No puede decirse lo mismo de la mayoría de asesinatos en los que la víctima es un hombre.
Tampoco es común que los hombres sean asesinados después de ser víctimas de violencia sexual, como sucede con nosotras. A esto se suma la enorme desproporción entre la cantidad de homicidios perpetrados por hombres frente a aquellos perpetrados por mujeres.
Nos están matando, y además nos acusan de victimizarnos. Quienes cuestionan la existencia del feminicidio se convierten en cómplices y encubridores de la violencia machista. Sus argumentos conducen a trivializar la violencia contra las mujeres; buscan desconocer que en Ecuador impera una situación de desigualdad estructural hacia las mujeres; pretenden invisibilizar las dolorosas historias de cada mujer detrás de esas cifras; naturalizan la violencia letal.
La desidia del gobierno frente a la violencia contra las mujeres es alarmante. Pero la solución está en la sociedad en su conjunto, no sólo en el Estado. Para que algún día no sea necesario el tipo penal de femicidio necesitamos modificar actitudes y estereotipos. La lucha contra la violencia machista empieza por reconocer la magnitud del problema, no desconocerlo.