Entre el 6 y el 10 de junio venidero, se realizará la Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Muchos creíamos que el presidente Biden y el Departamento de Estado no iban a excluir a ningún país de participar en ella. Nos equivocamos. En tales Cumbres los jefes de Estado y de Gobierno debaten sobre aspectos políticos compartidos, se reafirman valores comunes y se comprometen a acciones concertadas para enfrentar los desafíos de los países de las Américas.
El anfitrión Estados Unidos, bajo el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, ha incentivado a que diversas personas, instituciones y gobiernos compartan sus prioridades, entre las que se encuentran la pandemia del covid y las grietas que ha dejado al descubierto en los sistemas sanitarios, económicos, educativos y sociales; en cambio se extrañan temas de suma relevancia como las migraciones, el narcotráfico y sus funestas secuelas de corrupción y crimen.
La Carta Democrática de las Américas, y su antecedente principal -la Resolución 1080- son reconocidos como los instrumentos interamericanos más completos, para condenar la ruptura del orden constitucional y así sancionar a los países que se pongan por fuera del ordenamiento democrático. Esta capacidad de sancionar es inédita en el mundo.
La decisión de excluir y no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua ha generado anuncios de no participación de los presidentes de México y Bolivia, y muy probablemente de los máximos lideres de Argentina, Brasil (por razones diferentes) y un considerable número de países del caribe anglófono muy influenciados por el petróleo venezolano. Así, aunque Washington no se inquiete, dado que las Américas y la OEA no están entre sus prioridades políticas, y menos ahora que la invasión de Ucrania ocupa la atención de toda la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, es muy probable que esta Cumbre pase sin pena ni gloria.