En el país se sigue pensando que con nuevas leyes o reformas a las vigentes se puede arreglar la crisis estructural, cuando el problema radica en la falta de madurez y responsabilidad en estos procesos, en la casi nula aplicación e irrespeto del ordenamiento jurídico, la falta de controles y de prevención, la corrupción galopante y la impunidad. Así se procedió en el ámbito penal el 2009 y en poco tiempo se reformó la reforma. Igual pasa ahora con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La ineficiencia de las autoridades de control y en la administración de justicia busca en los vacíos de la ley el chivo expiatorio para explicar la crisis en cada sector. Eso ha sucedido con la justicia y la indagación penal por los altos niveles de impunidad en medio de una corrupción galopante. Igual con la crisis en el transporte terrestre y en el tránsito, que genera inseguridad vial.
En la Asamblea se tramitan reformas a la Ley de Transporte Terrestre, vigente desde el 7 de agosto del 2008, y que no ha sido aplicada en su totalidad con rigurosidad. Cuando han pasado dos años y un mes, autoridades del sector no tienen empacho en admitir el caos, descontrol y corrupción y criticar que los plazos que se impusieron en esta ley, aprobada en Montecristi, no se han podido cumplir y que ahora debe reestructurarse el sistema.
Ese es el caso de la incorporación, en los planes de educación, de los temas relacionados con el transporte terrestre y la seguridad vial. El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre admitió en Ecuadoradio que existe un caos total y corrupción en el sector e incluso que los plazos que se impusieran para cumplir varias disposiciones legales han sido casi imposibles de ejecutarlos. Recién se dan cuenta del problema. A ello se suma la demora en las sanciones por la continuación de irregularidades en la entrega de licencias y el cierre de aquellas escuelas de conducción, como establece la nueva ley.
Uno de los avances que debe reconocerse en la nueva ley es el enfoque para corregir y controlar el caótico sistema del transporte terrestre, más allá de la tarea que debe cumplir en su ámbito la Policía de Tránsito. Esta tarea está atribuida a la Comisión Nacional. Incluso le otorga atribuciones directas al director ejecutivo para que imponga sanciones, que por lo que se ha visto lo hace luego de tener muertos en las vías (el caso último en el sector de Yambo). ¿Cuál es la rendición de cuentas de cómo se ha manejado en los dos últimos años? Se habla de estos sectores y tampoco se dice que, de acuerdo con el art. 15 de la Ley, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el responsable de dictar las políticas, expedir los planes nacionales y supervisarlos. ¿Qué se ha hecho en esta materia, más allá del enunciado?