La extracción de minerales metálicos ha crecido mucho y ya es una alternativa básica para impulsar nuestro desarrollo, ahora que el crimen organizado lo está afectando. Solo en el año 2024 se exportaron por un valor de 3.075 millones de dólares.
Esto está bien, pero ¿CUÁNTO QUEDÓ EN EL ECUADOR?, ¿CUÁNTOS DE SUS DÓLARES ENTRARON A CIRCULAR EN EL TERRITORIO ECUATORIANO? Es algo que no se ha informado. Esta evaluación debería ser prioritaria y de interés superior del gobierno, así como agilizar las nuevas inversiones mineras que están en curso, sobre bases equitativas.
Según el estudio de Liz Ortiz (Revista G, 25 de abril/25), la empresa FRUTA DEL NORTE ha extraído desde su inicio 7.1 millones de toneladas y ha pagado al fisco un total US$ 659 millones. Solo en 2024 extrajo 500 000 onzas de oro y exportó por un valor de US$ 1 200 millones. Por su parte, la empresa MIRADOR ha pagado al Estado, durante 14 años, un total de US$ 1 136 millones.
En guarda de la transparencia de las concesiones, que reclama Ortiz, el Ecuador tiene derecho a saber si las empresas, grandes y pequeñas, están pagando lo correcto por la extracción de nuestra riqueza minera. A tal efecto, el gobierno debería contratar a una empresa externa para que estudie: cuánto han explotado y exportado desde su inicio y cuánto han pagado al Ecuador y revise cómo se han concesionado las nuevas explotaciones que están en marcha, para que el Estado gestione correctamente esta riqueza nacional.
Este análisis sobre el pretérito vinculado a la tendencia de subida de precios del oro, sería la base para que el Estado, en ejercicio del derecho que le asiste al propietario de las minas, eventualmente, imponga un IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES DE ORO, destinado a dar de comer a los niños que sufren desnutrición crónica. La minería ilegal, con mayor razón, debería pagar un impuesto a sus exportaciones subrepticias.
El consumo de energía eléctrica en esta industria es elevado y debe SER SATISFECHO CON AUTOGENERADORES DE LAS PROPIAS EMPRESAS MINERAS, porque no es justo que consuman tanto con precios subsidiados por la generación estatal del Ecuador.
El Estado tiene la obligación de controlar eficazmente a los mineros ilegales que han exportado gran cantidad de oro, que en 2024 se estimó en mil millones de dólares; y solo negociar nuevas concesiones con empresas serias y prestigiosas, que intervienen CLARAMENTE EN LA TRAZABILIDAD del comercio de los metales ecuatorianos.
