¿Cuándo recuperan la plata?

El desafío y la obligación están planteados: ubicar y recuperar los dineros esfumados por la corrupción. Hasta cierto punto el trabajo resulta incompleto. La Fiscalía acusa y la justicia tramita los juicios, en el debido proceso y con derecho a la defensa que les asiste, pero se presenta el siguiente reto de resarcir la plata de cuentas, caletas, cajas fuertes o techos luego de millonarios contratos, sobreprecios, endeudamiento y más abusos de recursos públicos.

Las acusaciones pueden ser diversas contra altos funcionarios, ex ministros, ejecutivos y abogados de la década del correísmo. Asociación ilícita, cohecho, peculado, lavado de dinero, defraudación tributaria, delincuencia organizada. Sin embargo, en la danza de millones y millones, hasta hoy solo encontraron pocos miles de dólares en los techos y cajones de quienes trabajaron en el sector petrolero y hoy cumplen sentencias.

En medio de tanto cinismo para negar las denuncias de corrupción y los procesos de indagación, con pruebas documentales y testimoniales como ha evidenciado la Fiscalía en el caso de Odebrecht, se demuestra la audacia con la que pretenden seguir engañando al país.

Pasaron a mejor vida tras el paso por el poder y como se endulzaron quieren retornar pronto. Hoy visten y viven diferente y defienden lo indefendible.

Jueces, fiscales, entes de control, superintendencias, abogados del Estado están obligados a asumir su responsabilidad, cumplir con los mandatos legales y constitucionales y descubrir y repatriar los recursos que habrían recibido funcionarios públicos y familiares en la mejor época del país en materia de ingresos, no solo petroleros.

Hay valiosas experiencias de trabajos exitosos. En Brasil están recuperando y quitándoles los bienes a sentenciados por corrupción. En Argentina descubrieron costales con millones de dólares y están presos ex altos funcionarios y allegados al kichnerismo. En Perú tras la salida del presidente Fujimori, luego de 10 años en el poder, recuperaron millones de cuentas del ex presidente, de Vladimiro Montesinos, otros políticos y ex altos jefes militares. Hubo un procurador Ad hoc que se jugó con firmeza hasta ubicar cuentas en Suiza y otros países de América. Hoy siguen haciéndolo. En Ecuador esto aún es una utopía dado los altos niveles de impunidad y complicidad existente.

La Procuraduría del Estado, según la Constitución, debe “controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público”. Ni siquiera los juicios de repetición han tenido éxito. Recuerdo uno: el proceso contra un ex juez que por detención ilegal, violación de DD.HH. y tortura contra el ciudadano francés Daniel Tibi la Corte Interamericana le obligó al Estado a pagar USD 500 mil y a pedir disculpas.

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