Con la promulgación de la Constitución de Montecristi, la “revolución ciudadana” anunció pomposamente que la fase destructiva de su proceso llegaba a su fin y que se iniciaba la construcción del nuevo hombre diseñado por Senplades. En palabras del Sr. René Ramírez, el gran ideólogo del Régimen, llegaba la hora de construir el “biosocialismo republicano… la biopolis, la sociedad del bioconocimiento… liberando tiempo para el ocio creador, para el erotismo, para el arte y la artesanía, para la indagación existencial, para la fiesta y la celebración, para la minga…”. La fase inicial marcó la destrucción del “viejo orden” y la implosión de instituciones como el Banco Central, el Servicio Exterior, la Función Judicial y Legislativa, los gremios y colegios profesionales, las cámaras de la Producción, entre otras. Alianza País desplegó una cuadrilla de demolición eficaz que redujo a escombros los ‘viejos’ edificios institucionales y cavó enormes fosas para levantar estructuras que nunca emergieron. El panorama institucional del Ecuador actual se asemeja a una larga y desolada avenida plagada de letreros oxidados que anuncian grandiosas obras sin ejecución alguna.
Uno de esos letreros anuncia la construcción de un nuevo sistema de educación superior. La írrita Ley aprobada en octubre del 2010 cavó la fosa que devoró las estructuras que regían el sistema universitario. La Senplades tomó posesión de sus edificios y bienes y sembró el terror entre los funcionarios de carrera con la amenaza del despido. Nueve meses después, el escenario luce desolador: No existen titulares ni reglamentos; los procesos de acreditación de programas no arrancan; no se aceptan trámites para la aprobación de nuevas carreras; la vigencia de muchos programas ha vencido y resulta imposible extenderla; los Consejos de Educación Superior y Acreditación que deberían regir el sistema no existen; la gratuidad de la enseñanza ha provocado efectos perversos y profundizado la desigualdad en el Ecuador mientras algunas universidades públicas lucen desbordadas ante la enorme demanda desatada por la gratuidad y se ven forzadas a recurrir a los sorteos como mecanismo de selección y admisión.
Hace muy poco renunciaron las autoridades de la famosa e inconstitucional Senescyt. Su ex titular, un Ph.D experto en nutrición y neófito en gestión, no pudo asumir el reto kafkiano que plantea la nueva ley. Su arrogancia le hizo despreciar sistemáticamente las invitaciones de sus “regulados” y su pequeño trono quedó al alcance de unos pocos ungidos. Su gestión estuvo marcada por un fracaso constante que impidió que el sistema alcanzara, al menos, un orden mínimo. Queda demostrado que una buena administración exige algo más que el Ph.D al que son adictos nuestros teóricos revolucionarios.