Existen temas que conllevan una carga emotiva, tan alta, que tienen el potencial de sumar adhesiones; cuando se los menciona parecen explicarse por sí mismos, no requieren justificación, se consideran tan evidentes que aceptamos su legitimidad -casi- intuitivamente.
La defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, es uno de aquellos tópicos; parece una obviedad la necesidad de protegerlos, estamos conscientes de su especial estado de vulnerabilidad y por ello aceptamos como válidas, medidas que pueden afectar derechos de terceros, mientras se pueda alcanzar el objetivo.
Hace pocos días -el nuevo- Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, exhortó a un grupo de medios de comunicación, a ‘abstenerse’ de ‘seguir violando’ las prohibiciones legales de difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes; recordándoles que podían ser sancionados administrativamente; e, instándolos a presentar disculpas públicas. De acuerdo a la comunicación, la decisión se tomó por ‘la difusión de imágenes de crueldad explícita difundida en medios impresos… que… involucran fotografías de niños asesinados en Siria, así como la exhibición truculenta de piezas audiovisuales’. Sustentan su llamado de atención en los numerales tres y cuatro del Código de la Niñez y Adolescencia (se entiende que del art. 52) y el art. 32 de la Ley Orgánica de la Comunicación.
Todas las normas citadas tienen un objetivo legítimo, impedir la revictimización de niños niñas o adolescentes que han sido víctimas de delito, maltrato o abuso sexual; por ello, se prohíbe la difusión de historias con imágenes, nombres reales, grabaciones, referencias al entorno de las víctimas, porque esto permitiría su identificación, sometiéndolas con ello a nuevos abusos que nunca podrán justificarse en nombre de un supuesto interés noticioso.
Las fotografías cuestionadas son duras, provocan indignación, conmueven, son una evidencia palpable de lo infame que puede ser un conflicto armado, de cómo los inocentes y vulnerables son víctimas indefensas de actos de crueldad extrema, un recordatorio a la humanidad de que se debe actuar para evitar que esos hechos continúen.
La imagen de esos pequeños cadáveres inquieta, perturba, afecta la sensibilidad de muchas personas, incluso podría considerarse que exacerba una actitud morbosa ante la muerte y el dolor, sin embargo su publicación no contraviene las normas citadas por los consejeros.
Más de una persona pensará que esta es una invocación a un legalismo innecesario, ‘cosa de abogados’, porque se asume que al proteger derechos debemos ser ‘flexibles’, no atarnos a la ley, perdiendo de vista que proceder de tal forma, nos pone en situación de vulnerabilidad a todos y todas, ya que una condición esencial para evitar los abusos desde el poder es que todos los funcionarios públicos respeten el principio de legalidad .