En los primeros días del gobierno del presidente Lasso -hace ya 15 meses- se dictó el decreto ejecutivo 95 que contiene un preciso plan de recuperación de la industria petrolera: actualización de los contratos de participación, nuevas licitaciones, decisión sobre la refinerías estatales y sobre el transporte de crudo y derivados, para mencionar algunos aspectos.
Sin embargo, no ha pasado nada. No se ha concretado la modificación de los contratos de participación, ni la migración de los de prestación de servicios, ni las licitaciones de nuevos campos, y peor respecto a refinerías y sistemas de transporte. En suma, el decreto 95 ha sido “papel mojado”.
Mientras tanto, persisten el desorden y los conflictos en Petroecuador, incluyendo la reciente destitución de su gerente por injerencia de su esposa en nombramientos y destituciones.
Una sola cifra suficiente para apreciar la situación del petróleo: Al inicio del gobierno, la producción fue de 510 000 barriles diarios. Ahora apenas llega a los
490 000 barriles.
En esta columna se anticipó que la oferta de duplicar la producción petrolera hasta el 2024 era inalcanzable, porque incorporar a la producción nuevos campos exige tiempos dilatados. A este paso, inclusive será imposible mantener el actual volumen. El problema del gobierno es claramente de gestión. No pasa del discurso a los hechos. Facta non verba, decían los romanos.
Y lo apuntado en el campo petrolero, mutatis mutandi, ocurre en otras áreas de la administración. Las carreteras, la autopista Quito Guayaquil, la aplicación de la ley, la industria minera, los 30 000 millones de inversión extranjera, la lucha contra la corrupción, la recuperación de lo robado, la disponibilidad de medicinas en los hospitales públicos y del IESS, la obtención de pasaportes y cédulas, para mencionar algunos. Lasso está obligado a un cambio radical.