Crisis municipal
No es la primera vez que autoridades y funcionarios del Municipio de Quito están vinculados con actos de corrupción. A diferencia del pasado, este mal alcanza niveles nunca antes vistos.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, está siendo procesado por la justicia por el cometimiento de un presunto delito de peculado en la compra de100000 pruebas de covid-19. En este momento, el proceso se encuentra en etapa de indagación fiscal y, a fines de abril, se realizará la audiencia preparatoria de juicio. En este caso están vinculadas 14 personas. El Alcalde está con grillete y su ex titular de Salud se encuentra prófugo.
En derecho se sostiene que una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esto nos lleva a no adelantar apreciaciones si no hasta que la justicia se haya pronunciado definitivamente en este caso. Sin embargo, el viento no sopla a favor del Alcalde de Quito. En el 2020, en la Empresa Municipal de Agua Potable (Epmaps) se presentaron varios casos de corrupción: compra con sobreprecios de insumos de bioseguridad y transferencias, sin sustento, por USD 1,3 millones a cuentas bancarias en Hong Kong y en Estados Unidos. Según el concejal Bernardo Abad, una de los implicados, Sofía R., es esposa de C. Hernández Yunda, pariente cercano del Alcalde.
Como si fuera poco, en el caso que se sigue al Alcalde, la Fiscalía hizo el pasado 11 de marzo un allanamiento a una de sus propiedades. Se halló allí un teléfono celular de su hijo, Jorge Sebastián Yunda Yunda, en el que a través de chats, e-mails y mensajes de texto intermedia contratos, ofrece terrenos de la Municipalidad, gestiona la presentación de ofertas de buses eléctricos, promueve la compra de cámaras para la Policía Metropolitana e incluso realiza contactos previos con los proveedores de las pruebas covid-19. Todo se agrava cuando, después de celebrado el contrato, Sebastián Yunda ratifica, en un diálogo con la hermana del Alcalde, que las “pruebas son falsas”. Esto debía ser motivo para terminar de manera unilateral el contrato. Sin embargo, esto no fue así.
Con la finalidad de deslindar cualquier tipo de responsabilidad, el alcalde Yunda se ha adelantado a decir que no va “a poner las manos al fuego por nadie”. Para frenar la ola de críticas, en días pasados removió a varios funcionarios municipales. Como si ellos fuesen los únicos responsables. De él y su hijo afirmó que son inocentes.
Pero las voces que piden su salida aumentan. Un grupo numeroso de concejales exige su renuncia. No pueden destituirlo porque la bancada correísta se opone. La otra vía es la judicial. Se acerca la fecha de la audiencia preparatoria de juicio. Pero esto podría quedar insubsistente si, como aparece en uno de los chats de su hijo, se concreta lo del “dictamen abstentivo”.
Más allá de un asunto jurídico o legal, es un tema de ética, transparencia y respeto a la ciudad. El Alcalde debería renunciar o separarse temporalmente hasta que se aclare completamente su situación legal.