Sebastián Mantilla B.

Crisis institucional II

Desde el retorno a la democracia en 1979, tres factores han incidido negativamente y de manera reiterada en el Ecuador: conflictividad social e inestabilidad política, pugna de poderes entre ejecutivo y legislativo y, como si fuese poco, injerencia política en la independencia de las distintas funciones del Estado.

Todos estos factores no han permitido la plena vigencia del Estado de Derecho y una mejora de la calidad de la democracia en Ecuador. Al contrario, ha fortalecido el incremento de la corrupción y el enraizamiento de un régimen de impunidad.

En estos días estamos viviendo un capítulo más de lo que acabo de mencionar. En particular, de la injerencia política en las diferentes funciones del Estado.

La Asamblea Nacional, en base de las funciones que la Constitución de la República le otorga en el ámbito del control político y fiscalización, procedió a enjuiciar y destituir no a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sino solo a cuatro de ellos. La nueva mayoría que ahora controla el legislativo removió de sus funciones a los miembros del Cpccs que responden órdenes del ejecutivo. Estos son: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Ricardo Bravo. En su lugar, de manera también cuestionable, ha posesionado a suplementes, de los suplentes, de los suplementes… 

La situación se ha enredado cuando un juez de La Concordia les ha concedido a los destituidos una medida cautelar (la cual esta viciada y no tiene sustento jurídico) que invalida lo actuado por la Asamblea. Aún más, con el apoyo disimulado del ejecutivo, los cuatro consejeros han seguido actuando. Nombraron, de manera irregular, al superintendente de Bancos y han proseguido con el proceso de designación del nuevo Contralor y Defensor del Pueblo.

Estos procesos deberían quedar en suspenso hasta que, luego de la consulta popular, se determine el nuevo mecanismo de selección de autoridades de control. Esta pugna y consiguiente injerencia política agudiza aún más la crisis institucional.