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A medida que pasa el tiempo, la situación del Instituto de Seguridad Social (IESS) y de los afiliados se complica. No solo por el evidente desfinanciamiento sino por la falta de decisión política para tomar medidas oportunas y acertadas.
De acuerdo a un examen elaborado por la Contraloría General del Estado, el seguro de pensiones se encontraría en un estado crítico. Por no decir quebrado. Para el 2034 no habrá plata para pagar a los jubilados. Este dato desvirtúa los resultados de los “estudios actuariales” realizados en la época del presidente Rafael Correa, los cuales tendieron a ocultar la real situación de la seguridad social.
Es más, esa manipulación de las cifras y ese ocultamiento de la información tendió a presentar una situación distorsionada de la realidad. La construcción de hospitales, la compra de equipamiento, las inversiones en proyectos estatales y el aumento de las prestaciones pretendieron ocultar lo que sucedía. Esto llevó al presidente Correa a eliminar el aporte del 40% que el Estado al seguro de pensiones (2015-2018) e incluso que haya utilizado al IESS (a través de la compra de Bonos del Estado) como fuente de financiamiento.
Los estudios actuariales, fundamentales para la gestión de un sistema de seguridad social, permiten determinar si los ingresos que se tienen en el presente son suficientes para cubrir prestaciones futuras. En el caso del seguro de salud también hay problemas. De acuerdo a este informe de la Contraloría, para el 2033 habrá un déficit USD 23 148 millones.
No hay que olvidar que el presidente Correa hablaba de la “universalización de la seguridad social” pero no con recursos del Estado sino del IESS. Es decir, se pretendió que el sistema contributivo asuma los costos del no contributivo. De ahí la idea de ampliar la cobertura de los servicios de salud a los cónyuges de los afiliados y sus hijos menores de 18 años, amas de casa, etc.
Otro de los problemas tiene que ver con el aspecto demográfico. Si actualmente existen 7 afiliados por cada jubilado, en el 2050 la relación será de 3,5 afiliados por cada jubilado.
Aunque en los próximos días se darán a conocer los resultados de un nuevo estudio actuarial contratado por el Consejo Directivo, el cual seguramente no variará mucho de los datos presentados por la Contraloría, se hacen inminentes medidas correctivas.
Veamos si el presidente Moreno, a través de su representante en el Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, asume con responsabilidad y entereza los graves problemas que afectan a la seguridad social.
Con la finalidad de revertir esta tendencia de desequilibrio y desfinanciamiento es necesario adoptar correcciones. Ahora la pregunta es qué medidas. ¿Aumentar los años de aportación? ¿Revisar los porcentajes de aporte de empleadores y trabajadores para los seguros pensiones y de salud? ¿Revisar los montos de las pensiones mínimas de vejez?