En el 2005 se resolvieron 11 725 divorcios, 10 años más tarde, en el año 2015, el número creció en un 119%: 25 692 divorcios. En el mismo lapso el número de matrimonios celebrados se redujeron en 8,9 %, es decir, pasaron de
66 612 a 60 636, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Esta información puede ser leída de muchas formas, pero algunos analistas afirman que estos números son la “evidencia de una crisis de la familia”, una crisis grave.
Sostener que el incremento del número de divorcios es equivalente a una crisis de la familia es una demostración de lo poco que se comprende la transformación social y jurídica que ha vivido nuestra sociedad, una mirada así está claramente anclada en un pasado donde divorciarse era una catástrofe que afectaba a los cimientos de la sociedad. Los divorciados eran unos fracasados, una amenaza para el orden social. Quien ve esta crisis de la familia se sitúa en su discurso más cerca de 1903 que del siglo XXI. El divorcio es una alternativa, como cualquier otra, a los problemas de una pareja, siempre será dolorosa una ruptura.
Quien afirma que el crecimiento en el número de los divorcios y una disminución en los matrimonios es prueba de una crisis de la familia en el Ecuador, está haciendo toda una declaración sobre su posición en esta materia.
Asume que familia es igual a matrimonio, una idea incorrecta desde toda perspectiva de análisis no confesional, es una importante forma familiar, la mayoritaria de hecho, pero no la única. Incluso la conservadora -en esta materia- Constitución de 2008 reconoce a la diversidad de formas familiares, en su texto claramente se señala que pueden constituirse por vínculos jurídicos y de hecho.
Existen familias monoparentales, compuestas, “transnacionales”, parejas de hecho. Quien vive en pareja, una persona sola con sus hijos, quien comparte su vida con varios familiares, tiene una familia, una diferente a la tradicional, pero igual de protegida y reconocida jurídica y socialmente.
De hecho quien asume que el matrimonio es la única forma de familia estaría excluyendo a todas las parejas del mismo sexo, ya que en nuestro país estas no pueden contraer matrimonio, sería una discriminación doble: no pueden casarse y además no son considerados como familia.
En realidad lo que está en crisis, desde hace mucho tiempo, es la obsoleta legislación familiar que obliga a las personas a fabricar una causal de divorcio para terminar con sus relaciones cuando alguno de los cónyuges se niega a “firmar” el divorcio. Lo absurdo es que apenas hace un año se hizo una reforma del Código Civil en esta materia y el legislador no mejoró el sistema para que en caso de ruptura las parejas se concentren en lo importante: proteger al cónyuge más débil y asegurar que los hijos tengan continuidad en sus relaciones familiares y cuenten con lo necesario para sus necesidades materiales. Un tema de prioridades equivocadas, como en muchos otros temas.