La crisis electoral que está viviendo el país afecta sustantivamente a la democracia. Crece entre la ciudadanía la sospecha de que desde el Gobierno se está maniobrando para despejar el camino de las próximas elecciones, eliminando a la mayor cantidad de adversarios molestos. Fiel a su visión antipolítica, el régimen ve con desconfianza a los partidos y al sistema de representación, y genera un escenario hostil donde su supervivencia está amenazada. En lugar de hacer del sistema de partidos un espacio que garantice las condiciones para la expresión plural de las preferencias políticas, introduce obstáculos y genera desconfianza y exclusión participativa.
La estrategia tiene una base constitucional que apunta a reducir al mínimo los partidos reconocidos a través de la determinación de altas cuotas de adhesión (1,5% del padrón electoral, según los art. 109 y 112 de la Constitución), reforzada luego por la prohibición reglamentaria de que los ciudadanos apoyen el registro de más de una organización política. En esta línea, Alianza País se lanzó a una agresiva campaña de recolección de firmas que pretendía cuadruplicar las mínimas requeridas para su reconocimiento, privando así de posibles adherentes a otros partidos. Estaban creadas las condiciones para el ilícito y la manipulación. En este contexto, el presidente ha convocado a no firmar por ningún partido, alimentando aún más la deslegitimación del sistema.
Desde la perspectiva del régimen, solo caben los partidos de masas, calificados por un amplio número de militantes; llevada a sus últimas consecuencias y en las condiciones ya descritas, esta visión deriva en el partido único donde supuestamente se expresa el interés público. La obsesión por que los partidos reúnan cientos de miles de firmas para ser reconocidos, desconoce que, más allá de la formalidad de su registro, los partidos se legitiman a través de los votos que reciben en la contienda electoral, así como en su solidez y consistencia para enfrentar el debate parlamentario o el ejercicio de gobierno. El mito de los partidos de masas desconoce que, aun aquellos con una militancia numerosa, giran alrededor de un grupo limitado de cuadros que están en capacidad de generar elaboraciones programáticas y ejercer influencia política. Solamente el voto ciudadano les otorga su legitimidad y reconocimiento.
La crisis electoral amenaza gravemente la credibilidad del próximo proceso electoral. Su salida solamente puede ser radical, cualquier solución ‘política’ o ‘técnica’ que no incida en la modificación del ADN del sistema, no será suficiente para relegitimar al proceso electoral. La resolución pasa necesariamente por una reforma constitucional que rediseñe el ámbito electoral, crucial para la producción de legitimidad del sistema político.