Columnista invitado
La prescripción es una institución legal mediante la cual, por el transcurso del tiempo, se extinguen derechos u obligaciones. En derecho penal significa la pérdida de la posibilidad del Estado o de la víctima de un delito de hacer que su autor sea juzgado y/o sancionado, lo que constituye una regla general en casi todos los ordenamientos jurídicos. Una regla que tiene excepciones cuando los crímenes son tan espantosos y la conmoción es tan grande para la sociedad que no se pueden dejar impunes.
Así, en 1968 los países de la ONU suscribieron un convenio que determinó la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, definidos en el Estatuto del Tribunal de Núremberg – creado para juzgar y sancionar las responsabilidades de los nazis en los horrores de la Segunda Guerra Mundial – como “el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron”, a los que se sumarían luego la expulsión por ataque armado u ocupación, el apartheid y el genocidio.
De esta forma, por ejemplo, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios venezolanos responsables de la crisis humanitaria en ese país y del asesinato de Óscar Pérez, entre otros crímenes de lesa humanidad, tarde o temprano deberán responder por ellos, no importa cuánto tiempo transcurra.
Pero también hay otros crímenes espantosos cuya imprescriptibilidad se está empezando a incorporar a las diferentes leyes nacionales: los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes y los delitos de corrupción. Los primeros, porque constituyen una gravísima violación a los derechos humanos de personas indefensas, con consecuencias profundas en su desarrollo y que ocasiona en sus víctimas daños, a veces irreparables, a su integridad física, psíquica, emocional y moral. Los segundos, porque la corrupción atenta contra los derechos humanos de igualdad ante la ley, equidad y justicia y minan profundamente la legitimidad institucional y la democracia.
Ecuador es un país asolado, tanto por la corrupción como por los abusos en contra de nuestra niñez. Por un lado, tenemos un ex vicepresidente condenado por corrupto y por otro, todos los días se cometen crímenes espantosos cuyas víctimas son menores de edad. Por eso es importante que hagamos una profunda reflexión sobre la necesidad de volver imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes y hacer más severa la legislación sobre corrupción, ambos crímenes imperdonables.