Intento imaginar qué sentirán aquellos que, mientras detentaron el poder por más de una década, se jactaban de ser artífices de las mayores obras de infraestructura de la historia del país, al contemplar cómo esas mega-construcciones se han convertido, hoy, en monumentos al despilfarro y fuentes de inmensa corrupción, conforme señalan auditorías de las entidades de control del Estado.
La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair debe ser la alegoría perfecta de lo que fue el gobierno de Rafael Correa: sobredimensionado, sin ética ni técnica y con información forjada; un proyecto inverosímil hecho para la propaganda, la soberbia y el beneficio anticipado de unos pocos.
Puede ser también la metáfora de quienes, rehenes de su vanidad y con una irracional animadversión a los periodistas, desestimaron lo que la prensa revelaba. La amenaza fue la respuesta a la denuncia que la revista Vanguardia hizo, en 2012, en la que alertaba de graves fallas en Coca Codo Sinclair; una obra proyectada para 50 años, en la que se habrían gastado USA 3 200 millones, pero que apenas podría funcionar 10 años más, si se hacen reparaciones, según los expertos.
Ocurrió lo mismo con la adquisición de los helicópteros Dhruv, donde se impuso el criterio de personajes interesados de la Fuerza Aérea y los vendedores de armas, mientras se desestimaron las alertas de un pundonoroso militar como el general Jorge Gabela, y las publicaciones en los medios, que daban cuenta de tragedias con ese tipo de helicópteros en otros países.
La cínica afirmación de Correa de que la caída de los Dhruv obedeció a fallas humanas, sin respetar la memoria de los pilotos y el dolor de los familiares, se estrella hoy con el informe de la Comisión Multipartidista de la Asamblea, que señala que la muerte del ex comandante de la Fuerza Aérea, podría tratarse de un crimen de Estado y estaría relacionado con la compra de los helicópteros Dhruv, a la que se opuso tenazmente. El informe también significaría resarcimiento moral con los deudos de las víctimas, y con Patricia Ochoa que se ha dejado la piel en su lucha, durante ocho años, por el honor de su esposo.
La revolución de las manos limpias ha terminado siendo un descomunal fiasco por la mayor corrupción de la que se tenga memoria. Y la obra pública con fallas y sobreprecios, como mecanismo de un colosal enriquecimiento, su perverso emblema. Un golpe moral rotundo para un pueblo, que ahora desconfía de todos quienes proponen construir algo.
La refinería de Esmeraldas, Yachay, Toachi Pilatón, el Aromo, el poliducto Pascuales-Cuenca, las Plataformas gubernamentales, las obras viales, las financiadas por Odebrecht y la infraestructura para educación, salud, la justicia, etc., son evidencias de lo dicho.
Frente a estos crímenes contra el país y el pueblo, ¿qué castigo tendrían que imponer a sus culpables jueces probos y sin miedo a los poderosos?