El Art. 207 de la Constitución de Montecristi creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo más antidemocrático, pero dotado de capacidad jurídica para sustituir a las funciones que siempre tuvo en la vida republicana el Congreso Nacional.
De los integrantes que, hace pocos días cumplieron su período de cinco años, nunca se exhibieron sus hojas de vida, previamente a ser nombrados, pero fielmente apoyaron al poder absoluto presidencial, y designaron al Procurador; a los tres superintendentes; al Fiscal General; al Contralor; a las dos defensorías: la pública y la del pueblo; al Consejo de la Judicatura; al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Fue y seguirá siendo inmenso su poder.
Ahora, tampoco se han promocionado sus nombres para conocer sus trayectorias vitales, comenzando por la formación profesional de nivel universitario, se supone, y la experiencia en funciones privadas, así como públicas, no de designación presidencial, sino del voto popular para poderes locales como concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, y otros.
Los siete miembros ya elegidos para el CPCCS, son Yolanda González, Edwin Jarrín, Doris Gallardo, Xavier Burbano, Tito Astudillo, Juan Peña y Tania Pauker, en cambio tienen el aval máximo, que es la cercanía al poder presidencial absoluto, elemento determinante y suficiente para llenarles de sabiduría en funciones de tan alto nivel como representantes del pueblo, sin que este haya sido convocado para elegirles en procesos del voto universal, sino como determina el inc. 3 del Art. 207 de la Constitución.
Por eso, sus nombres han sido postulados por “organizaciones sociales y de la ciudadanía”; esto es, por entes ficticios, o hábilmente creados para efectuar estas designaciones de puertas cerradas.
Esta segunda integración del Consejo llegará al año 2020, y sus siete miembros han estado vinculados al correísmo, cuatro en la Presidencia, dos en la Secretaría de Gestión de la Política, y uno en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por eso, fue duramente criticado el sumiso Consejo Nacional Electoral, organizador del aparente concurso público.
Un sistema selectivo como este proviene de los elementos que ha forjado la “revolución ciudadana” y así, cada vez que hay concursos, salen elegidos fieles seguidores del poder absoluto, quedando excluidos otros candidatos. En esta última época muchos ni se habrán inscrito pues saben que, a pesar de poseer suficientes méritos, no serían tomados en cuenta.
Paralelamente, desde el seno de nuestra ciudadanía libre, se ha integrado una comisión vigilante de este inédito poder conferido por la Constitución de Montecristi, para por lo menos difundir sus criterios contrapuestos. Allí están: Julio César Trujillo, Simón Espinosa, Jorge Rodríguez, Germán Rodas y David Rosero, quienes con seguridad, y a través de su acción voluntaria, sin sueldo alguno, y sobre todo patriótica, vigilarán al poderoso Consejo, cuya misión es promover la participación ciudadana.