Que dolor, nuestro país está invadido por la corrupción: no se puede utilizar el teléfono celular en lugares públicos, porque es robado; entristece constatar que, en los baños de los centros comerciales, los dispensadores de jabón y las secadoras, deben estar dentro de jaulas, para evitar su hurto; que un objeto olvidado, nunca es devuelto; que muchos policías cambian sanciones por coimas. Es la herencia delincuencial del gobierno “de manos limpias” que ha hecho apología del delito, ha mentido y captado el respaldo de gente inocente que no entiende el descomunal perjuicio del que ha sido víctima.
Se publicitaron pactos mafiosos entre bandas criminales y de narco traficantes con el gobierno saqueador y se compraron jueces, fiscales, militares y policías para lograr impunidades. “Metieron la mano“ en la justicia y la torcieron. Pretenden, en el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombrar autoridades de control ligados a sus intereses malsanos y les urge destituir a la fiscal general, Diana Salazar, para evitar su inminente participación en procesos que involucran a altos funcionarios de la época de abusos. La Dra. Salazar ha recibido, por su valioso accionar, el respaldo de todo el país. También han amenazado de muerte al prestigioso abogado Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Anticorrupción, por denunciar irregularidades en varias organizaciones. Su labor es apoyada por la gente honesta.
La corrupción obstaculiza el desarrollo y, según datos internacionales, tiene un costo de 7.000 millones de dólares al año, dinero que podría financiar al IESS y a los presupuestos de la educación y de la salud. Según el BID, durante el período comprendido entre los años 2007 y 2017, el Ecuador ha perdido 70.000 millones de dólares por sobreprecios, desvío de fondos públicos e ineficiencia de obras.
Hagamos patria, escojamos un gobierno honesto que sirva al país y no a los bolsillos, ya repletos, de los que añoran volver al poder para continuar con el saqueo a los fondos estatales.