Miguel Rivadeneira

Corrupción judicial en correísmo

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Lunes 04 de junio 2018

A confesión de parte, relevo de prueba. Corrupción judicial hubo en la era del correísmo, como hoy admiten exaltos funcionarios. Primero, el Expresidente que abusó del poder anunció públicamente, para registro histórico, que iba a meterle mano a la justicia, antes de la consulta popular del 2011, y eso hizo. Así se nombró a allegados al régimen, cercanos colaboradores del déspota en altos cargos, para el Consejo de la Judicatura Transitorio y luego el definitivo, que hoy se resisten a dejar los puestos y creen que su destitución es un hecho. Seguramente, eso les dicta su conciencia por todo lo que han hecho.

El exasesor jurídico de la Presidencia, abogado del autoritario y actor de cartas de presión enviadas a la Función Judicial, ha sido muy claro al admitir los hechos en la Asamblea, en el proceso de juicio político al Consejo de la Judicatura. “Debo reconocer que sí ha habido corrupción judicial en esta última década. Y corrupción judicial que perjudicaba al gobierno nacional”. Por qué no admitieron eso cuando gobernaban y negaban todo.

No se podía ocultar el sol con un dedo, aunque durante los diez años del nefasto correísmo hubo mentiras y engaños, que convencieron a tanto ovejuno, muchos de ellos fueron a la función pública. Otros, ya fuera del poder, comienzan hoy a reconocer los hechos, aunque seguirán lavándose las manos pese a las evidencias presentadas, especialmente en la evaluación que por mandato popular (que constitucionalmente será de obligatorio e inmediato cumplimiento) lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Más de 700 denuncias recibidas y más de 110 investigadas, según la comisión técnica que evaluara a la justicia.

Pero no solo eso. Hoy aparecen sorprendidos por el secuestro en Colombia hace 6 años de un activista político, que fuera inicialmente funcionario de ese régimen autoritario, e incluso endosan responsabilidades a autoridades de menor graduación y se lavan las manos en medio de pruebas de los actores de este hecho, tanto en Colombia como en Ecuador. Niegan con cinismo haber conocido a exfuncionarios a los que posesionaron y trataron con deferencia y que están procesados. Por eso el Fiscal General actual sostiene que este es un crimen de Estado.

Qué decir de la Corte Constitucional, cuyo turno de evaluación está en camino, que demostró con sus fallos la atención inmediata al correísmo y eso le identificó claramente. Dictámenes a favor del Estado en lugar de preocuparse más de las demandas ciudadanas y sociales, a quienes debió defender ante los abusos del poder. Cuánto tiempo transcurriera, en muchos casos años, para atender demandas concretas como las vinculadas con el Seguro Social. En cambio, al déspota, con la presencia del exasesor jurídico, se le atendía con agilidad.