Los brasileños se sienten sobrepasados por la lluvia de informaciones sobre los enormes tentáculos de corrupción con que operó la mayor constructora del país, Odebrecht, un conglomerado de empresas con presencia en decenas de sectores y países.
El imperio empresarial de tres generaciones de la familia Odebrecht se está desmoronando en tres años de la operación “Lava Jato” (lavado de automóviles) del Ministerio Público Federal, que investiga la corrupción que desvió miles de millones de dólares de los grandes negocios de la estatal Petrobras.
Marcelo Odebrecht, quien presidió el grupo empresarial de 2008 a diciembre de 2015, está detenido desde junio de 2015 y condenado en primera instancia a 19 años de prisión.
En octubre dejó de resistir y aceptó colaborar con las investigaciones judiciales, como decisión empresarial. Un total de 77 dirigentes prestó más de 900 testimonios a fiscales, provocando un terremoto entre políticos brasileños y de toda América Latina.
El compromiso es revelar todas las ilegalidades cometidas por la empresa y sus agentes en los países donde ya se identificaron prácticas de soborno para obtención de contratos de obras públicas.
El Departamento de Justicia estadounidense divulgó en diciembre que Odebrecht destinó presuntamente 1.038 millones de dólares para sobornar políticos y funcionarios gubernamentales en 10 países latinoamericanos y dos africanos, incluido Brasil, donde quedó 57,7 por ciento de esa suma.
Estados Unidos y Suiza, cuyos bancos fueron utilizados para ocultar o legitimar capitales ilegales, firmaron acuerdos de cooperación con el Poder Judicial de Brasil, en la actual ofensiva contra la corrupción. Los efectos son abrumadores. En Brasil se espera que las revelaciones de Odebrecht provoquen un tsunami en la política. Se habla de dos centenares de parlamentarios y gobernantes que habrían recibido sobornos, incluso miembros de las cúpulas actuales de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Mario Osava
Interamerican Press Service