Mario Osava

Corrupción, mal absoluto en Brasil

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Lunes 24 de abril 2017

“Pena de muerte a los corruptos”, reclama una médica de 32 años del estado de Bahía, en la región del nordeste de Brasil, quien prefiere el anonimato, debido a sus opiniones radicales.

Su evaluación es que la corrupción es la madre de todos los males en Brasil, sean económicos, políticos o sociales, lo que comparte una creciente cantidad de ciudadanos, ante el diluvio de revelaciones de la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos) sobre centenares de políticos beneficiados por dinero desviado de negocios estatales.


“Todos los políticos son corruptos”, se convenció Cecilia Marabei, dedicada a su hogar en Río de Janeiro, de 59 años. “No voto por ningún candidato desde 1982, tengo la conciencia tranquila de no haber contribuido al robo”, acotó. Sin embargo, recuerda la prédica de su padre sobre la importancia del sufragio “para cambiar el país y su propia vida”, cuando votó por primera vez a los 18 años.


Para corregir “la corrupción que alcanzó un nivel insoportable” ella no defiende “el paredón” como la médica de Bahía, sino extinguir las “mayordomías”, es decir los privilegios de que disfrutan los políticos, especialmente en Brasilia. “Que se trasladen en autobuses y vivan en departamentos chicos, como en Suecia, no en automóviles y casas de lujo mantenidos con los impuestos que pagamos”, sugirió.


La sospecha popular de una corrupción generalizada en la política brasileña se venía fortaleciendo por las investigaciones de la operación Lava Jato, iniciada hace tres años por el Ministerio Público Federal (Fiscalía General) y la Policía Federal, bajo la coordinación del juez Sergio Moro, de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.


La creencia se confirmó con los testimonios de 78 dirigentes y exdirigentes de Odebrecht, un conglomerado empresarial encabezado por su constructora, que decidió colaborar con la justicia y desnudar sus operaciones ilegales desde 2006.
Las llamadas “delaciones premiadas”, porque reducen las penas, involucraron 415 políticos de 26 partidos, entre los cuales por lo menos ocho ministros del actual gobierno nacional, 24 senadores, 39 diputados y tres gobernadores de estados.

Otros deberán sumarse a esa lista, porque hay testimonios mantenidos en secreto. La mayor cantidad proporcional de senadores y ministros, 30 por ciento del total de 81 y 28 respectivamente, contra ocho por ciento de los diputados, se explica por la concentración del dinero ilegal en manos de líderes partidistas, que luego lo distribuían entre sus colegas.


El Sector de Operaciones Estructuradas, como se llamaba la oficina dedicada a sobornar en Odebrecht, donó USD 3 390 millones a políticos y sus agentes entre 2006 y 2014, según su director, Hilberto Mascarenhas.