La lucha contra la corrupción no puede desmayar a pesar de la defensa de ex presidentes de la región a sus protagonistas. Cómo puede erradicarse este mal si con audacia una docena de ex mandatarios pide a la Policía Internacional (Interpol) que no emita difusión roja en contra de su colega ecuatoriano identificado con ellos, que fuera condenado a 8 años por cohecho agravado, acusado por la Fiscalía, con abundantes pruebas, que se basara en la propia incriminación de su secretaria y cercana colaboradora, que se encargó de llevar el registro escrito de los sobornos pagados por compañías constructoras y sus beneficiarios.
Diez jueces nacionales lo llamaron a juicio y en tres instancias confirmaron la sentencia y señalaron en el fallo final ejecutoriado que en la Presidencia se estructuró una organización delincuencial. Ejerció la defensa hasta la sesión final del proceso y el único argumento exhibido fue “persecución política”, pero nunca presentó pruebas de descargo.
La Interpol ha dado muestras de contaminación política porque solo actúa en unos casos y en otros se niega y dilata sus decisiones, con reparos a resoluciones soberanas de cada país. Ese grupo de ex mandatarios pretende dar lecciones de moral y de ética que no observaron durante sus gobiernos. Reaparecen con cinismo aunque se hayan manchado de actos de corrupción, abusos de poder, irrespeto a las instituciones y vulneración de los derechos. En el grupo existen hasta quienes les quitaron la visa de ingreso a EE.UU. por financiamiento de campaña con dineros calientes del narcotráfico. Unos con sentencia condenatoria, perseguidos por la justicia que ellos mismo promocionaron su reinauguración. Otras y otros liberados y sobreseídos por jueces politizados con el cambio de gobierno a pesar de las evidencias de corrupción y el crecimiento de sus patrimonios familiares.
Estos políticos, supuestamente revolucionarios, que impulsaran regímenes populistas con partidos del fracasado socialismo del siglo XXI, no guardan las apariencias. Sí mantienen silencio cómplice frente a flagrantes violaciones de DD.HH. de gobernantes a los que defienden. El caso de Venezuela cuyo Presidente no solo es acusado de crímenes de lesa humanidad sino que mantiene en la miseria a su pueblo en nombre de la revolución bolivariana.
Con estos pronunciamientos, daría la impresión que protagonistas de corrupción imponen sus sofismas y gozan de protección de Interpol. Mientras tanto, flota la pregunta por qué no se agrupan y se pronuncian los buenos ex presidentes, que sí existen, que actuaron honesta y democráticamente en sus países. Aquellos que hasta ganaron el Premio Nobel de la Paz y otros que opinan desde sus experiencias, pero cada cual por su lado. Se escuchan aisladas sus voces sabias y otros murieron políticamente aunque sigan viviendo.