Corrupción: antes y ahora
La corrupción y la impunidad no son nuevas, tanto que parecen ligadas a la historia nacional. Muchos sentimos que la institucionalidad está destinada a favorecer ciertas prácticas; basta mirar el Twitter de la Comisión Nacional Anticorrupción para ver como se han acumulado denuncias que se remontan a más de 10 años en temas que recién ahora son noticia. Los miembros de la Comisión fueron amenazados y enjuiciados durante el régimen de los “corazones ardientes”, incluso jueces serviles llegaron a procesarlos; las amenazas se han repetido y siempre parece que las acciones de las autoridades son pocas, tardías e ineficaces.
Es claro, excepto para los cegados por la idolatría, la ortodoxia o el interés personal, que existen evidencias de corrupción sistémica durante la “revolución ciudadana” y muchas, sería necio desconocerlo, han tenido continuidad en el gobierno de Moreno; mas hay importantes señas de cambio.
La primera es la transparencia, particularmente en lo que se refiere a los contratos de emergencia; actualmente se publican de forma completa estos procesos de los que antes, por normas aprobadas en el régimen anterior, se publicaban solo informes cortos diez días después de terminada la emergencia, impidiendo cualquier seguimiento. Para que tengan una idea, en un año del régimen anterior la contratación pública sumó diez mil millones de dólares, con algunas emergencias como las de la Policía, en la que se usó 1 500 millones de dólares, o la reforma judicial que implicó alrededor de 600 millones. El portal de compras públicas, a cargo del Sercop, es una plataforma transaccional donde se publica casi la totalidad de procesos ordinarios, pero gracias a una compleja normativa se permiten casos especiales con tratamiento diferenciado; además de las de emergencia, existen muchas otras modalidades como la de proveedores únicos o contratos interadministrativos. Un ejemplo es el de la repavimentación en Quito que, con sus “alianzas estratégicas” entre empresas públicas y privadas, se escapa de los controles.
La segunda diferencia está en el periodismo: hoy sus investigaciones aportan a identificar entramados de corrupción. Es verdad, en los diez años del régimen de Correa algunos periodistas encontraron la forma de publicar importantes denuncias, pero la mayoría de los medios estaban silenciados gracias a la amenaza de cárcel y juicios millonarios.
La tercera diferencia viene de la mano de la fiscal Salazar, quien ha cometido errores, pero no se parece en nada a sus últimos antecesores, puestos allí por su cercanía con el partido y con el claro mandato de ocultar lo que hacían quienes les dieron el cargo y de perseguir al incómodo.
A momentos parece que la sociedad ha perdido ante los corruptos, cuando hay voces de añoranza por un pasado de obras, pese a su estela de abusos y corrupción, pero lo sucedido en estas semanas nos hace pensar que la corrupción puede ser enfrentada y tenemos algo de esperanza.
