Walter Spurrier

La corrupción nos cuesta

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Martes 22 de diciembre 2020

El martes pasado la Asamblea aprobó la ley anticorrupción, que tipifica nuevos delitos entre ellos la elusión de procedimientos de contratación pública y sobreprecios. Está por aprobarse la ley que extingue el dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado, localizados en el Ecuador o en el extranjero. Ambas son reacción ante la proliferación de casos de corrupción en la administración pública, y se suma a la presión que viene de afuera. El principal condicionamiento del Fondo Monetario para el desembolso de USD 2 mil millones, es la aprobación de la ley anticorrupción.

El protocolo firmado el martes 8 por Ecuador y EE.UU. de facilitación de comercio consta de cuatro pilares, uno de los cuales es la transparencia en procedimientos para desarraigar la corrupción del comercio.

Las autoridades de EE.UU. han detectado innumerables casos en que dinero sucio pasa por bancos estadounidenses, y han enjuiciado a los responsables aunque el delito se haya cometido en el exterior. Fue en EE.UU., a la vez que en Brasil, que se descubre el mecanismo de corrupción montado por Odebrecht, y el mecanismo paralelo del gobierno de Rafael Correa, como consta en el caso Sobornos.

El más reciente caso descubierto por fiscales estadounidenses es el de la compañía Vitol, en la compra de fuel oil a Petroecuador, en que pagó USD 2 millones en coimas a funcionarios ecuatorianos.

No es el primer ni el último caso de corrupción en Petroecuador. Hoy las autoridades estadounidenses investigan movimientos de dineros que antes se dejaban pasar. En el caso Vitol, aspecto central fue la disposición del correato que el Estado podía contratar directamente con empresas estatales. Vitol no es empresa estatal, por lo que la estatal petrolera de Omán se prestó para la farsa.

En este caso de Vitol, para pagar coimas de USD 2 millones, la empresa debe haber comprado el fuel oil muy por debajo del precio internacional. O sea, el costo para el país no es solo la plata de la coima, sino el haber vendido barato. Si la fiscalía fuera a escarbar, probablemente encontrará muchas otras ocasiones en que Petroecuador vendió a un precio muy bajo.

Otro filón para coimas, facilitado por la contratación directa con estatales, son las obras públicas. Aquí el costo es múltiple: las autoridades corruptas contratan proyectos gigantescos, y no pequeñas obras de interés local, por el atractivo de una gran coima. La obra se escoge en función de cual generaría mayor coima, y no de su utilidad. El país termina incurriendo en un costo gigantesco por una obra que no es prioritaria, con sobreprecio, y mal construida. O no construida, como la Refinería del Pacífico.
Las leyes no erradicarán la corrupción, pero al menos la desalientan, al tornarla más riesgosa lo que disuadiría a algunos funcionarios de dejarse tentar.