Diego Araujo Sánchez

Correos de Pamela y Laura

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Martes 06 de agosto 2019

Todavía deberá pasar el tiempo para que se generalice una conciencia colectiva de los daños irrogados al país durante la década correísta. No solo por el despilfarro y la irresponsable administración de los recursos en años de vacas gordas, con los altos precios del petróleo. También por la desbordada corrupción, la demolición de las instituciones, las violaciones a las libertades y los derechos humanos.

La concentración del poder en manos del Ejecutivo y la falta de independencia de las demás funciones del Estado consumaron la destrucción de la democracia. Todo lo anterior es archisabido por quienes sufrieron en carne propia las consecuencias de esa destrucción. Uno de los recientes casos en donde se la evidencia es en el de los “Sobornos 2012-2016”.

Los correos electrónicos y archivos de Pamela Martínez, asesora del presidente Correa y ex jueza de la Corte Constitucional, y de la colaboradora de ella en Carondelet, Laura Terán, contienen acusadores indicios de la corrupción por los aportes millonarios para el movimiento político gubernamental: solo Odebrecht entregó USD 2,5 millones para Alianza País, de acuerdo a los registros difundidos por la prensa. El financiamiento de las actividades políticas en dinero contante y sonante o en facturas pagadas por empresas que suscribían jugosos contratos con el Estado revela el abuso del poder en beneficio de un grupo y, a la par, la injusta participación entre AP y los partidos y movimientos en los procesos electorales.

Las condiciones tan dispares de financiamiento muestran el rostro pervertido de los triunfos en las urnas, que contaban, además, con tribunal y jueces ciegos, sordos y mudos ante la abismal desigualdad. ¿De qué democracia se puede hablar con procesos políticos viciados por un tramposo financiamiento y las ventajas del movimiento en el poder?

Los archivos, además, reflejan la hiriente manipulación de la justicia, en la nominación de jueces y la injerencia en determinados procesos. Desde una oficina externa de la Presidencia de la República se disponía que funcionarios correístas acudieran ante fiscales, secretarios, jueces y magistrados de la Corte Nacional y ante integrantes del Consejo de la Judicatura para pastorear los procesos y garantizar resoluciones favorables a los intereses oficiales, por ejemplo, en los juicios por la rebelión del 30 de septiembre de 2010. Hasta se anotan casos en los que se anticipa a la Presidencia la resolución de los jueces.

Corrupción, dispar y tramposo financiamiento político y presiones a la justicia desde el gobierno. Tres males distintos y una sola lacerante realidad: destrucción de la democracia. Los archivos de Pamela y Laura evidencian esos profundos daños que tanto han debilitado las instituciones y aún esperan una reparación.