Me cuento entre quienes critican al Gobierno por su lentitud para tomar decisiones, que en buena parte es la causa de que las salidas se hayan agostado frente a la llegada de tantas plagas. Pero me alegro de que la Asamblea haya tramitado, con los cambios que creyó pertinentes, dos leyes que el Ejecutivo estima básicas para que la economía no se trabe.
Y no me refiero a cómo quedaron los contenidos de las leyes en sí mismos, pues aún el Gobierno tiene tiempo para pensar bien qué hace frente a los textos aprobados con fuertes reformas por la Asamblea, sino al ejercicio de escuchar, de discrepar, de ceder.
Lo que hizo Moreno al renunciar públicamente a su propuesta de las contribuciones de personas y empresas, en el caso de la Ley Humanitaria, pudo haberse leído como una muestra palmaria de debilidad política, pero también como un gesto de quien fue capaz de reconocer una barrera política que era imprescindible saltar para que el país no se pare.
No es difícil imaginar qué habría pasado si el país llegaba a una encrucijada política en la cual Moreno se hubiese sentido compelido a echar mano de la tan socorrida “muerte cruzada” para intentar gobernar por decretos. Ya sabemos quiénes son los más interesados en un escenario tan caótico y en el que solamente falta la llegada de la séptima plaga.
La lógica del correísmo es clara. Le interesa por cualquier medio interrumpir los procesos alrededor de los casos de corrupción de los que hasta ahora se tiene noticia y que han llegado a judicializarse. Se les escapó el paro de octubre y se les vuelve a escapar la oportunidad de volver inviable la acción de Moreno o de empujarlo a una aventura política con pronóstico reservado. Y en este momento tan vulnerable para la economía y para la salud.
Veamos el caso de los socialcristianos. Ayer dijeron haber defendido con éxito a los ecuatorianos en la Asamblea, al evitar que “un enorme paquetazo de impuestos cayera sobre las espaldas de trabajadores privados y públicos, empresarios y el resto de ciudadanos”. Pero para hacerlo, bien podían haberse abstenido o votado por la propuesta reformada y no necesariamente junto al correísmo.
Es poco responsable pararse al otro lado de la orilla y exigirle al Gobierno que cumpla todos los compromisos económicos -en medio de esta crisis sanitaria y económica sin parangón- sin cambiar nada, o sin el salvavidas de los organismos multilaterales para mantener la economía. En Guayaquil ya vimos cuán efectiva resultó la “ideología de la prosperidad” frente a la crisis sanitaria.
Este Gobierno es corresponsable de la crisis, pero estamos en lo que estamos y es mejor jugar con las cartas abiertas. Ojalá que los que pueden aportar a los que más sufren en esta crisis realmente lo hagan sin que se lo exija la ley. Pero todos debemos entender que no hay ganadores en un país perdedor.