Sebastián Mantilla

El correísmo contraataca

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Miércoles 03 de abril 2019

El Ecuador atraviesa actualmente por un inusitado momento de crispación y convulsión política. Los titulares de los medios de comunicación comienzan a llenarse con supuestas denuncias de corrupción que, cuando se indaga sobre su origen, se descubre la clara intención del correismo de generar caos, ganar espacio y así evitar su progresivo deterioro de la escena política nacional.

En efecto, estamos viviendo un momento clave de la transición que se caracteriza por la recuperación de la autonomía e independencia de los órganos de control, dejando atrás el periodo de fuerte injerencia correísta. Rafael Correa ya no controla el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, las superintendencias y, aparentemente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En el caso de que los nuevos miembros del Cpccs quieran desconocer los resultados de la Consulta Popular del 2018, la Asamblea Nacional está tratando una reforma parcial de la Constitución para restringir sus funciones en cuanto a la designación de las autoridades de control e incluso la ciudadanía demanda de una nueva consulta para eliminar de manera definitiva este mamotreto que ha hecho tanto daño al país.

Solo así se explica el objetivo del correísmo de filtrar un video de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Más allá de lo que dice o habla la presidenta en dicho video, el correismo ha querido romper con la actual correlación de fuerzas. ¿Para qué? Con la finalidad de forjar una nueva mayoría que evite perder el control de comisiones claves de la Asamblea y eventualmente bloquear cualquier iniciativa que limite aún más su poder.

En lo que respecta a los INA Papers, caso en el cual estaría presuntamente vinculado el presidente Moreno, la nueva fiscal debería analizar el caso. Si existen indicios de la comisión de un delito, proceder. Sin embargo, al ver de dónde vienen las denuncias, me inclino a pensar que esto no es más que un medio para golpear al gobierno y debilitarlo.

Frente a esto, el presidente Lenin Moreno debería actuar. No sacando a la luz denuncias de supuestos aportes del régimen de Maduro al instituto político de Correa. Esto es irrisorio y hasta gracioso frente al desfalco millonario que sufrió el Estado durante 10 años de “robolución ciudadana”.

Hay cerca de 900 casos de corrupción que todavía no se han investigado. Buena parte de estos casos permanecen en la Fiscalía en la fase de indagación previa. Hay denuncias y procesos parados en contra de Rafael Correa, Jorge Glas y varios de sus ex ministros por delincuencia organizada, peculado, tráfico de influencias, etc.

Esto es lo que está en juego. Razón por la cual el correísmo contraataca con todas sus fuerzas.

smantilla@elcomercio.org