En el sector productivo hay entusiasmo por la posibilidad de firmar un acuerdo comercial con Europa, y ese ánimo parece haber contagiado a un Gobierno que sabe que su nivel de gasto no puede sostenerse con el petróleo y los tributos. En ese contexto llega el llamado del presidente Rafael Correa a la unidad nacional, lo cual en principio no está nada mal, aunque el objetivo primordial no sea mejorar el clima interno sino evitar la mala imagen de Ecuador para no entorpecer posibles acuerdos.
Detrás del llamado hay una premisa: son supuestamente los medios (privados, para ser más exactos) los que dañan la imagen del país. Pero lo que hacen los medios, con aciertos y errores, es reflejar la realidad interna, aunque es lógico que su trabajo no conozca fronteras, algo que no ignoran los gurús de la comunicación del Gobierno.
Ese hecho, junto a la táctica errónea de haber convertido la política interna en política exterior, ha provocado resquemores entre gobiernos, organismos y gremios preocupados por los derechos civiles, que, además, cuentan con diplomáticos y funcionarios para seguir en detalle lo que sucede en el Ecuador.
En otras ocasiones ni siquiera tal seguimiento es necesario. Por ejemplo, en su anterior visita a Europa, el Presidente propuso que la información, por ser un bien público, sea manejada desde el Estado. Y acaba de afirmar a CNN que Henrique Capriles es un golpista, al igual que toda la derecha venezolana, con lo cual no solo interviene en la política de otro país, sino que descalifica la lucha de la mitad de los venezolanos.
De vuelta al plano interno, nadie ignora el modo en que se descalifica sistemáticamente a los medios privados, y todo el sistema legal para dificultar su trabajo, sin contar con el bloqueo para acceder a la información pública. Todo ello no pasaría de ser anecdótico si no hubiese un grave telón de fondo: el modo en que se limitan los derechos de quienes protestan (saboteadores y terroristas, a diferencia de las FARC), de quienes opinan o de quienes usan su inmunidad parlamentaria para incomodar al poder (injuriadores).
En una lamentable intervención, el Presidente saliente de la Asamblea ha justificado el hecho de que Correa toque el límite de la injuria por su modo de ser frontal y costeño, cuando lo que hay es un mal entendimiento del ejercicio del poder. Y se ve mal, muy mal, dentro y fuera del país, que alguien que tiene tanto poder lo use contra ciudadanos que considera sus enemigos.
El llamado, para que no caiga en el vacío, debe basarse en el ejemplo de las autoridades. No solo es necesario bajar el tono, sino que hay que dejar funcionar a la justicia y a la débil institucionalidad cooptada; en definitiva, respetar a los otros y buscar consensos. ¿El pragmatismo del momento obrará el milagro?