La 'coordinación absoluta'
La composición de la Asamblea legislativa que estará en funciones durante los próximos cuatro años deja la imagen del control absoluto del partido de Gobierno y de una oposición completamente debilitada, ocupando un lugar prescindible en la producción legislativa y con bajas posibilidades de conducir procesos efectivos de fiscalización.
Esta situación cierra una fase del ciclo de crisis del sistema político diseñado en 1978, y prospecta la conformación de otro sistema, con fuertes rasgos de un tipo de democracia delegativa y plebiscitaria.
Lo más relevante de este nuevo momento político es la superación de la crisis de gobernabilidad de los años 80 y 90 que estuvo caracterizada por conflictos recurrentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La estabilidad política alcanzada en este nuevo ciclo se la ha conseguido al precio de debilitar, si no amputar, las capacidades deliberativas y de fiscalización y control que competen a la Asamblea legislativa. La "coordinación absoluta" entre ambas funciones, de la cual habla el Presidente de la República, es la base estructural para el fortalecimiento del decisionismo y del pragmatismo como desempeño del régimen hiperpresidencial. Ello exige del disciplinamiento de los enfrentamientos políticos y de la reducción de las voces que puedan contrastar o plantear alternativas al modelo político vigente. Lo que se quiere es una asamblea sumisa y dependiente del Ejecutivo. La coordinación absoluta huele a absolutismo político y por tanto a anulación de la democracia.
En este contexto, el rol de la oposición es crucial y complejo, porque tiene que recuperar la institucionalidad de la Legislatura. La oposición debe escapar del síndrome de la irrelevancia, por su reducido peso cuantitativo. Debe identificar los elementos cruciales en la discusión de las leyes, volverlos temas de deliberación y de debate nacional, sacándolos del recinto legislativo, y por tanto politizándolos.
La superación del bloqueo decisional entre ambos poderes, no puede significar la anulación de la deliberación en la construcción de leyes y en el control de la gestión. Ejecutivo y Legislativo son poderes y funciones al mismo tiempo y la capacidad de conjugar ambas dimensiones habla de la institucionalidad y madurez de los sistemas políticos.
Pero, tampoco la Asamblea reduce sus funciones a la elaboración de leyes y al control de la gestión de Gobierno, hay una tercera función que está siendo completamente desactivada en este ciclo político, y es la que tiene que ver con la definición de horizontes y objetivos estratégicos del país, la Asamblea debe generarlos en sus deliberaciones y no asumir como si estos objetivos estuvieran ya plasmados en la Constitución o ya definidos por la voluntad del jefe carismático.