Ha llegado la necesidad de que la Asamblea Nacional, dejando por momentos el propósito de legislar para dar armas a un Estado antidemocrático, se ocupe del tema trascendental de la Convención de las Naciones Unidas sobre El Derecho del Mar, en actualidad a propósito del diferendo Chile-Perú sobre el mar territorial.
En días pasados, el Dr. Luis Valencia Rodríguez, dos veces Canciller del Ecuador y Presidente de la Delegación Ecuatoriana a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por 10 años en la negociación a nombre del Ecuador, presentó una obra sustancial sobre la Convención del Derecho del Mar. En la ceremonia, el canciller de la Universidad Internacional del Ecuador, Econ. Marcelo Fernández, recordó la participación -en el año 1952- de su padre Sr. Jorge Fernández Salazar en la proclamación conjunta de Chile, Ecuador y Perú de mar territorial con anchura de 200 millas marinas. Un año atrás -1951- teníamos mar territorial de 3 millas marinas; y, en aquel año, el Congreso del Ecuador dio un paso que se consideró “histórico” al extender la distancia del mar territorial a 12 millas.
¿Qué ventajas obtendríamos si nuestro país se adhiere a la Convención del Derecho del Mar?
Podríamos extender la plataforma continental, con todas sus riquezas y ventajas, hasta 150 millas marinas adicionales a las 200 actuales; y si se suma 350 desde la costa continental y desde las Islas Galápagos, en total tendríamos una plataforma más extensa; obtener mayores ventajas en la pesca; y, en el futuro, acceder a la explotación de cobre, níquel, manganeso y cobalto, para cuya tarea el Japón anuncia contar, en este mismo año 2010, con la tecnología suficiente. No es un sueño: ya se extrae petróleo del fondo del mar y el mejor testimonio es el pozo fracasado en el golfo de México.
El Tratado sobre la Convención está abierto y ha sido aceptada por 160 Estados. En lo que se refiere al nuestro, el presidente Gustavo Noboa Bejarano solicitó al Tribunal Constitucional -en el año 2002- dictamen sobre este Tratado; y en junio del 2003, el Tribunal emitió dictamen favorable. En enero del 2004, la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso dictaminó la conveniencia de adherirse a la Convención; y, en los años 2006 y 2007, reiteró el criterio favorable.
En la ceremonia de presentación del libro estuvieron presentes miembros de la actual Asamblea, quienes llevarían el tema de la adhesión al Legislativo, ahora ocupado en una legislación concentradora del poder en el Ejecutivo, incluyendo una ley “mordaza” contraria a la libre expresión.
“En este sentido, debe considerarse que la Convención’ constituye para los países pequeños y débiles el único mecanismo de que disponen para defender sus derechos e intereses”, se indica en el libro del Dr. Luis Valencia R.