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El ciudadano es quien más sufre cuando faltan claridad y transparencia. No hay persona honesta que se oponga a la investigación y sanción a los ladrones y sobre todo que se les obligue a devolver el dinero robado; pero ese apoyo se diluye cuando ve dudas y ambigüedades.
La cirugía mayor a la corrupción, aunque sea bien intencionada, no puede ser ingenua y desconocer que los funcionarios corruptos están mezclados con los funcionarios que desean eliminar la corrupción y con quienes solo aspiran a cuidar la imagen del gobierno haciendo una limpieza selectiva.
La lucha contra la corrupción no ofrece garantías si empezamos con tres contralores, dos comisiones anticorrupción y luego siguen en fila el defensor del Pueblo, la ministra de Justicia, el Fiscal General, el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional.
Se dirá que cada uno tiene su propia competencia, pero es la competencia la que se disputan. ¡Qué curioso que durante diez años nadie ha hecho nada y ahora todos quieren participar! Y solo es el comienzo, porque luego intervendrán los jueces y el Consejo de la Judicatura donde están también los mismos que nada hicieron durante la década ganada y los seis meses transcurridos desde que se hizo pública la denuncia de los sobornos de Odebrecht.
Cirugía mayor se puede hacer cuando hay un enfermo, médicos profesionales, asistentes, equipamiento adecuado y quirófano. Si uno exhorta, otro investiga, otro inicia el proceso, otro opera y el enfermo sale corriendo, no hay cirugía ni mayor ni menor. El pandemónium armado en la Contraloría nos recuerda la frase del poeta Juvenal, Quis custodiet ipsos custodes? que bien puede traducirse como ¿Quién controlará a los contralores? La pregunta apunta al meollo de la democracia que consiste en evitar que se corrompan los encargados de evitar la corrupción.
El ciudadano, aislado como está de los centros de información, ignora lo que se juega en los dramáticos acontecimientos de la Contraloría, ¿qué se protege o se oculta? Si el Contralor, aunque sometido a investigación, sigue siendo Contralor y ha destituido al subrogante, no parece lógico que éste pueda desconocer la destitución, destituir a otro subrogante y actuar luego como titular. Los juristas pueden decir cómo se debe resolver el embrollo, pero los políticos dirán cómo les conviene resolverlo.
Tomará tiempo tratar de poner orden en el drama nacional y no es fácil adivinar cómo terminará. Las autoridades deben conocer la lista de Odebrecht y no podrán condenar a los intermediarios sin llegar a los principales, sería igual que condenar al mensajero como han venido haciendo los inquisidores criollos.
Lo único claro para el ciudadano es que los corruptos nos han dejado deserciones, delaciones, filtraciones y se han llevado nuestro dinero.