Control estatal se cierne sobre Egipto

Un nuevo proyecto de ley impulsado en Egipto por el gobernante Partido de la Libertad y la Justicia, de la Hermandad Musulmana, es más grave aun que anteriores normas que permitieron la represión a la sociedad civil, alertan organizaciones de DD.HH..

La legislación autorizaría al Gobierno a intervenir en la administración interna y en las actividades de grupos de la sociedad civil y a controlar todos sus fondos.

Si es aprobada, señalan críticos, las 41 000 organizaciones no gubernamentales (ONG) de este país pasarán en los hechos a ser parte del aparato estatal. "Todas las ONG egipcias pasarán a trabajar esencialmente bajo la égida del Gobierno", explicó a IPS el presidente de la Organización Egipcia por los Derechos Humanos, Hafez Abu Seada. "Pasaríamos a operar, no en forma independiente, sino como agentes del Estado".

Pero la interferencia estatal en los asuntos de las ONG no es algo nuevo, añadió Abu.

El régimen autoritario de Hosni Mubarak (1981-2011) utilizó una amplia y represiva legislación para desalentar a las organizaciones de la sociedad civil a que investigaran denuncias de fraude electoral, abusos a los derechos humanos y torturas.

En 2002, el Régimen sancionó la Ley 84, duramente criticada por darle al Estado control sobre la creación de ONG y sus actividades.

El Frente de Salvación Nacional (FSN), el principal bloque opositor de Egipto, acusó al gobierno islamista del presidente Mohammad Morsi de querer imponer restricciones aun más severas a la sociedad civil para silenciar a aquellos que intentan hacerle rendir cuentas.

El proyecto "busca crear una policía estatal", al "darle el papel a los órganos de seguridad de supervisar el trabajo de los grupos de la sociedad civil", señaló el FSN en una declaración. "Su principal objetivo es impedir que las organizaciones de derechos humanos investiguen abusos bajo el gobierno del presidente Morsi", añade.

Mokhtar El-Ashry, jefe del comité legal del ala política de la Hermandad Musulmana, acusó a la oposición de haber malinterpretado el proyecto de ley, y aseguró que su objetivo es facilitar el trabajo de los grupos de la sociedad civil y "liberarlos de restricciones". Pero los argumentos de El-Ashry no son convincentes. Críticos señalan que el texto trata a las ONG como instituciones del Estado, y a sus directores y miembros como funcionarios públicos.

El proyecto ordena al Gobierno egipcio a intervenir en el las ONG, desde su composición y elección de directivos hasta sus competencias y afiliaciones, financiamiento y actividades.

"Esto es completamente contrario a lo que se supone que debe ser una ONG", dijo el director de programas de una organización sin fines de lucro. "Si se aprueba, bien podemos terminar preguntándole al señor Morsi cómo quiere que implementemos sus políticas", señaló el activista, que prefirió el anonimato.