Marco Arauz

Control a 120 km/h

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Domingo 29 de julio 2012
29 de July de 2012 01:16

‘Si con la charlatanería se solucionaran los problemas, Ecuador ya sería el país más seguro del mundo”. Lo dijo el presidente Correa en una de las ocasiones en que se refirió a la inseguridad. Habría que añadir que si con medidas populistas y cálculo político se solucionaran los problemas, Ecuador ya sería el país seguro que no es.

Esta semana, el debate giró en torno a la pena de prisión por superar los límites de velocidad que, sin embargo, no forman parte de la señalización de las vías y peor aún de las campañas de comunicación del Gobierno, dedicadas a decir cuán maravilloso es. Ahora sí la autoridad podrá ejercer su acción sobre un universo amplio de ciudadanos que se vuelven potenciales delincuentes, mientras los verdaderos antisociales solo tendrán que preocuparse de no conducir muy rápido. La alta velocidad queda reservada para los funcionarios gubernamentales.

De no ser por las graves connotaciones que hay detrás de este desliz legal, se podría vaticinar que con la velocidad pasará lo mismo que con la disposición de cruzar las calles solo por los pasos cebra. La norma se agotó más rápido que la pintura, cuando las autoridades se dieron cuenta de su inaplicabilidad. Pero el asunto es más complejo.

La prisión por velocidad viene precedida por una visión que ha criminalizado la protesta social, ha magnificado los derechos de las autoridades frente al ciudadano común y ha tratado a los medios privados como a los "principales enemigos", mientras el control sobre los otros poderes se ha vuelto más férreo y es percibido como cosa normal.

En estos mismos días en que se ha debatido sobre la velocidad, arreció la presión sobre Fundamedios y han pasado cosas curiosas en la administración de justicia. El Fiscal de Guayas decidió archivar la indagación por el caso "Chucky Seven" para establecer la autoría de la sentencia del juez Juan Paredes -ahora juez permanente- contra El Universo.

La Corte Constitucional, de su parte, admitió a trámite un recurso presentado por el ex Presidente de la CFN contra el asambleísta Enrique Herrería, por haber comentado sobre su patrimonio y haber pedido que Contraloría lo indague. Algún día quizás se sepa por qué la sola mención de Camilo Samán dispara todos los resortes del poder, e incluso altera el ordenamiento sobre la inmunidad legislativa.

Y si estos son el pasado y el presente, en el futuro inmediato seguirán otras disposiciones como las que trata la Asamblea como parte del Código Penal Integral, que incorpora, a criterio de especialistas, nada menos que 100 nuevos delitos, y castiga con mucho detalle el delito de opinión, por ejemplo.

La prisión por velocidad, por tanto, no es solo una cortina de humo. Es parte de una visión que marcha a 120 km/h para mantener el control social, aunque el populismo penal, al igual que la charlatanería, no solucionará los problemas de inseguridad.

marauz@elcomercio.org