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La Constitución de la República, en el Art. 211 dice: “La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”
Entre las numerosas funciones más importantes: “Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control”…
En cuanto a responsabilidades, la más grave es el peculado que surge cuando en beneficio propio o de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes, títulos o documentos que estén en su poder. También, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias y otros delitos. Estamos asombrados por la cantidad y las cuantías millonarias que revelan los exámenes de la actual Contraloría, hoy en investigación de la justicia. El buen humor quiteño ha acuñado esta anécdota: Acusan a funcionario que ha robado “a dos manos”. Se defiende y alega que no es verdad …porque es manco.
La Contraloría actual dirigida por el Dr. Pablo Celi, no está dejando títere con cabeza. Está marcando una verdadera época histórica en la persecución de los delitos y la corrupción. Al parecer, como está refiriéndose ya a personajes intocables, podría ser sustituido. ¿La solución? Crear un Tribunal de Cuentas con varios jueces.
Son anecdóticos algunos hechos acaecidos en la Contraloría dirigida por el titular prófugo, quien triunfó en el “concurso de méritos” con la calificación de 100/100 puntos.
Ejemplos: habían cometido fraude de pequeño valor en la compra de vacunas antiaftósicas en Guayaquil. Incluyeron, entre los responsables, al Jefe Nacional que trabajaba en Quito. Al cabo de 10 años de investigaciones, el Jefe de Quito fue sancionado con multa de 4 dólares que, con intereses se convirtió en 43 dólares. El motivo: no haber impedido.
También pudo servir para persecución política. Atendiendo la denuncia de enemigo manifiesto de un exPresidente, el Contralor ordenó investigación total de su patrimonio. Como no encontraron en todo el país el menor indicio, dirigió sus sospechas sobre bienes en Estados Unidos. El Contralor –ahora prófugo- el 23 de septiembre de 2007 envió oficio a un Agregado de la Embajada Americana en Quito, usando este lenguaje: “Acudo respetuosamente a usted con el presente requerimiento”. El Agregado, le facilitó toda documentación indicando que el Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. … “está muy gustoso de responder a su requerimiento”… Tampoco hallaron indicio alguno en el país del norte. El Contralor –ahora prófugo- no dejó de acudir a todo medio para perseguir al exPresidente.