lroldos@elcomercio.org
Rafael Correa en enlace digital del sábado 12 de enero del 2019, puntualizó el trabajo de la Contraloría que ya se había pronunciado sobre los cinco proyectos estratégicos que meses atrás el Gobierno Nacional sometió a auditoría internacional, con la intermediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, cuales son las obras en la refinería de Esmeraldas, y las preparatorias, movimiento de tierra y otras, en el proyecto de Refinería del Pacífico; en la terminal marítima de Monteverde; en el poliducto Pascuales-Cuenca; y, en la planta de gas natural de Bajo Alto.
Las inversiones para las obras en tales proyectos se estimaron en algo más de dos mil setecientos millones de dólares y ya van costando más de cuatro mil ochocientos millones. Las supuestamente concluidas tienen graves deficiencias para su operación que obligarían a cientos de millones de dólares de más inversión; y, en el caso de la Refinería del Pacífico, ésta sigue siendo una interrogante muy costosa. Lo hizo Correa para tratar de desmerecer la decisión del Presidente Moreno de haber pedido ayuda al PNUD, sobre tales proyectos y obras, con el simplismo de que si ya la Contraloría se había pronunciado sobre éstos no había que asumir el costo de USD 3.3 millones que le habrían costado al Ecuador las auditorías de empresas extranjeras que ha intermediado el PNUD.
Pienso que los informes recibidos con la intermediación del PNUD refuerzan lo actuado por la Contraloría, evidenciando el profesionalismo de ésta, en los exámenes realizados, no sólo en los cinco casos, y en la formulación de glosas y de recomendaciones, así como en la puntualización de los casos en que aparecen indicios de responsabilidad penal. En lo último mencionado, lamentablemente no ha habido el debido seguimiento, por lo que son muchos los casos de falta de pronunciamiento de la Fiscalía, condición esencial para el encausamiento penal que corresponda.
No es que siempre debe dársele la razón a la Contraloría, pero debe haber los pronunciamientos oportunos de la Fiscalía. Y, cualquiera que sea, no debe haber reserva para los pronunciamientos que dé la Fiscalía, o sobre los fallos judiciales, de haberse seguido el encausamiento penal.
El Ecuador demanda transparencia de lo actuado en la administración pública, en todos sus espacios, no sólo en el Correato y en el actual gobierno –y en eso, el Estado está en mora-. La percepción es que fuera de la Contraloría hay prácticas de encubrimiento y esto es inadmisible. ¿Debe seguir habiendo un Contralor con acumulación de poder – en el ayer reciente, Pólit encubriendo; y, en los días que corren, Celi, transparentando- o un Tribunal de Cuentas, más orgánico e institucional? Esto debe definirse.