La consulta sobre el Yasuní
Tras varios días de tensión y fuertes cuestionamientos al proceso previo de verificación de firmas, representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el colectivo Yasunidos llegaron a un acuerdo sobre el proceso que deberá seguirse: integrar una comisión mixta que permita revisar, analizar y resolver las discrepancias que puedan eventualmente presentarse.
Este acuerdo es positivo. Permite por un lado destrabar el proceso y, por otro, asegurar que el CNE, con la participación de la parte involucrada como veedores, cumpla con lo establecido en cada una de las etapas previas a la realización de la consulta.
Esto permitirá descartar las críticas que se le han hecho al CNE en el sentido de querer bloquear esta iniciativa ciudadana. Si se compara con las consultas populares hechas por el Gobierno, en este caso ha habido poca apertura, han abundado las trabas y se ha exigido mayores formalidades. A más de ello, para nadie es extraño la cercanía ideológica que existe entre los vocales del CNE y el Ejecutivo, así como el efecto negativo que la consulta puede traer a los afanes del Gobierno de explotar el petróleo que se encuentra en el Yasuní.
En la etapa de verificación física de la documentación participarán 45 personas y, para la validación de formularios, el CNE ha contemplado la intervención de cerca de 300 personas. Hay que tomar en cuenta que esta verificación y validación deberá hacerse de las 756 291 firmas.
Una vez superada esta etapa, el CNE deberá emitir un informe o expediente, el cual será remitido a la Corte Constitucional. Esta instancia analizará y se pronunciará sobre la viabilidad de las preguntas. El artículo 438 de la Constitución menciona que la Corte Constitucional emitirá un informe previo y vinculante de constitucionalidad de las convocatorias a consultas populares de carácter nacional.
No obstante, hay que tomar en consideración que la iniciativa del Colectivo de los Yasunidos no es la única. También están la del Frente de Defensa Total (que se opone radicalmente a la realización de actividades extractivas en el Ecuador) y la de los alcaldes amazónicos (que está a favor de la explotación del Yasuní). En este caso no se sabe si la Corte procederá a fusionar en una sola pregunta la iniciativa de estos tres peticionarios o si lo hará por separado. Este hecho puede afectar significativamente el resultado de la consulta.
Si el Gobierno no quiere seguir perdiendo espacio, en lugar de dificultar y poner trabas, debería apoyar el proceso. El Yasuní se ha convertido en una causa nacional, la cual ha adquirido una dimensión ética y humana, bases fundamentales sobre las que se asienta la legitimidad política de un Gobierno y a través de los cuales se articula el apoyo ciudadano. Por ello, el meollo del asunto no está en explotar el Yasuní sino en hallar formas para no hacerlo.
