La convocatoria a una consulta popular hecha por el presidente Lenín Moreno levantó mucha expectativa entre los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
Más aún con la posibilidad que se abrió para que cualquier persona pueda enviar sus propuestas de preguntas a la Presidencia. Pero no todas las inquietudes podrán estar en ese proceso electoral. El propio Gobierno lo ha reconocido.
Ya sea porque no están dentro de los temas que el Ejecutivo definió previamente para ser abordados en la consulta, porque no tienen una viabilidad jurídica o porque requieren de otro mecanismo, como la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
¿Qué pasará cuando Moreno anuncie los contenidos de la consulta y la sociedad se de cuenta que quedaron excluidas muchas de sus demandas?
Si el Régimen no propone una alternativa para canalizar los pedidos más sensibles para la población, los resultados obtenidos con los diálogos podrían diluirse y reconstituirse una oposición contra Moreno.
Ya no solo desde las filas del ala más crítica de Alianza País, sino de los colectivos que durante este tiempo de respiro político han logrado reconformarse, tejer alianzas y armar frentes políticos.
Una alternativa será tratar los temas que se quedaron fuera de la consulta, en la Asamblea Nacional. Sin embargo, para modificar las leyes se necesita contar con una mayoría que respalde las tesis de Moreno.
Ya se ha adelantado, por ejemplo, que esa ala radical del oficialismo no dará sus votos para cambiar la ley relacionada con la plusvalía, el código monetario o impulsar la reforma tributaria que se ha anunciado. De igual forma con la Ley de Comunicación o las amnistías a los líderes sociales procesados luego de participar en protestas contra el anterior Gobierno.
En ese escenario, el voto de la oposición y de los aliados puede ser fundamental no solo para la agenda gubernamental, sino para la gobernabilidad del país.