Milagros Aguirre

¿Consulta previa?

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Jueves 02 de agosto 2012
2 de August de 2012 00:02

Una de cal y otra de arena: la sentencia a favor de Sarayaku es, sin duda, un triunfo para los pueblos indígenas; pero el Decreto 1247 acerca de la consulta previa puede convertir ese triunfo, en una triste derrota.

El Gobierno quiere curarse en salud. Con una consulta previa como la que se propone, no habrá posibilidad de demandas contra el Estado. Nunca más.

Según el decreto, se informará a las comunidades “de todos los beneficios de los proyectos de la industria hidrocarburífera”. Por supuesto, no se les informará de todos sus maleficios, ni de las consecuencias ambientales y sociales que, -a largo plazo- tiene la actividad extractiva en territorios indígenas, sensibles muchos de ellos áreas protegidas.

La consulta previa era un derecho. Ahora será un trámite burocrático: acudirán a las comunidades funcionarios de todos los ministerios involucrados, mostrarán las maravillas del proyecto, las compensaciones sociales, los beneficios del 12 por ciento, y seguramente, en las comunidades, todos dirán que sí, que de acuerdo, que mil gracias. Luego se irán los funcionarios a sus despachos con las firmas. Y las comunidades, si les cumplen, agradecerán la casita de techo de zinc, algún bono, alguna aula de escuela, los espejos y las bisuterías: algo es algo, peor es nada.

El decreto legitima una práctica antigua de las “transnacionales del petróleo” -entre comillas, porque no solo las transnacionales han actuado así, entrando como Pedro por su casa en los territorios indígenas, sino también las nacionales y estatales-.

La práctica es la de siempre: ofrecer el oro y el moro, incluidas la educación, la salud, mejoras en vivienda, y por supuesto, trabajo; cooptar a algún dirigente, hacerle partícipe de las maravillas petroleras, obtener las firmas y ¡elé!, ¡consulta aprobada!

La educación, la salud, la vivienda y el trabajo, también son unos derechos. Ahora, en territorios indígenas donde haya petróleo, dependerán en gran medida de que se apruebe la exploración y la explotación hidrocarburífera. Solo con ella, gracias a ella y por ella, el Estado podrá garantizar los derechos de unos ciudadanos necesitados de beneficios. ¿Si una comunidad se posiciona, como en su momento Sarayaku, y no acepta la explotación petrolera en su territorio, no accederá ni a la educación ni a la salud que son derechos de las personas y obligaciones del Estado?

La figura del relacionador comunitario, ahora facilitador socio ambiental, seguirá presente. Las dádivas y compensaciones, estrategia antigua, seguirán también presentes. Los derechos de la naturaleza y resistencia, consagrados en la Constitución de Montecristi, tendrán que competir con una consulta previa que propone unos derechos a cambio de otros y donde, la industria petrolera, si no gana, empata, pero nunca pierde.