Seguridad, democracia y medio ambiente son los temas de las 8 preguntas de la consulta popular que propone al país el presidente Guillermo Lasso. Preguntas que deberán ser calificadas por la Corte Constitucional y, si no hay cambios, se envíen luego al Consejo Nacional Electoral para que viabilice dicho pedido.
El principal problema que tiene Lasso es que esta consulta se la hace de manera extemporánea, cuando sus niveles de popularidad están por los suelos. Esto debía plantearse hace un año, luego de la exitosa campaña de vacunación y cuando sus niveles de aceptación eran del 73,5% (agosto 2021). Ahora se retoma esta iniciativa cuando el gobierno está muy debilitado, ha perdido el control de la Asamblea y no están descartadas nuevas paralizaciones y protestas.
El gran riesgo es que esta consulta sirva para ratificar el nivel de rechazo de la población a la gestión del presidente Lasso. Gestión que, hasta el momento, ha sido deplorable por la falta de resultados concretos.
De acuerdo a las últimas encuestas, la inseguridad, el desempleo, la situación económica-social y la corrupción son los temas que más preocupan al ciudadano promedio. Y aunque estas son las prioridades, hay aspectos de carácter estructural que deberían también ser abordados. Por ello, la consulta no debería ser tomada solo como un medio sacar a flote al gobierno sino como una oportunidad para reformar aspectos claves y sustanciales de la carta política.
Los problemas de inseguridad no se van a solucionar sacando a las calles a las Fuerzas Armadas. Tampoco con la extradición de narcotraficantes o creando un Consejo Fiscal. La solución va por otro lado.
En cuanto a las enmiendas para fortalecer la democracia, la única pregunta que considero como pertinente es la cinco. La que tiene que ver con quitarle la Consejo de Participación la facultad para designar a autoridades de control.
Reducir el número de asambleístas sin que exista un Senado o Cámara alta no tiene sentido. Las enmiendas sobre medio ambiente son innecesarias.