Consulta y constituyente
¿Había alguien que esperaba que la Corte Constitucional hiciera otra cosa que ratificar la decisión ya tomada de implantar la reelección presidencial indefinida? En realidad, no. Todo el mundo sabía que esa dependencia del correísmo iba a cumplir la voluntad del caudillo.
También sabemos que toda esa verborrea de “socialización” y debate que se dice va a realizar la Asamblea Nacional es una farsa, porque su calendario de decisiones ya está fijado, para que las reformas se aprueben en medio de las fiestas de fin de año.
La reelección presidencial indefinida se transformó en tema de debate nacional. Esto es inevitable, pero no se debe perder de vista que el proyecto contiene, además, otras reformas regresivas que limitan o suprimen derechos ciudadanos, de los trabajadores, de los gobiernos seccionales. Por ello, habrá una presencia masiva en la marcha convocada por el FUT para el 19 de noviembre. La gente quiere participar y protestar, con el consiguiente nerviosismo oficial.
Pero yendo al fondo, la reforma del correísmo ha dejado en claro que es la propia estructura constitucional la que falla, puesto que ha servido para consolidar el caudillismo autoritario y la posibilidad de que las propias garantías consagradas en sus declaraciones sean atropelladas.
Por ello, si de consulta popular se trata, se debería plantearla, no para seguir la agenda del correísmo, sino para propiciar un cambio constitucional de fondo, que desmonte el autoritarismo y la falta de representación y participación que se instalaron en la parte orgánica de la Constitución, que amplió a cinco el número de los poderes del Estado, para que en realidad exista solo uno, el del gobernante centralizador y monopolista del poder.
No nos queda otra a los ecuatorianos que ir más allá de las coyunturas y plantear una consulta popular para la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que, respetando todos los avances en los derechos y garantías, cambie sustancialmente la actual estructura del Estado que suprime la representación y participación ciudadana, que instala un “poder” que no es electo y manipula la representatividad de la sociedad, que suprime la capacidad de fiscalizar y deliberar de la legislatura.
La reelección presidencial indefinida es un retroceso. Pero el problema central es la vigencia de una estructura constitucional que, en su parte orgánica es antidemocrática, destruye el balance de poderes y promueve el autoritarismo.
La consulta popular para la convocatoria a la Asamblea Constituyente debe ser impulsada desde ya, pero no por quienes buscan candidaturas y disputan al correísmo la dirección de la regresión conservadora que está en marcha, sino por una amplia plataforma ciudadana, que mas allá de la coyuntura electoral, defienda los derechos y garantías que se violan cotidianamente.