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Conjurando fantasmas

mteran@elcomercio.org

Cuando brota el temor que un organismo con enorme trascendencia en la estructuración institucional pueda ser cooptado por fanáticos adherentes al régimen del saqueo, se oyen a destiempo las voces de alerta que advierten que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un ente anómalo para el funcionamiento de un verdadero Estado de Derecho. Los que ahora se rasgan las vestiduras por el supuesto riesgo existente, seguramente son parte de aquel 80% de la población que en consulta popular aprobó, en forma entusiasta, la Constitución que nos rige y que fue el origen de un organismo propio de los regímenes totalitarios para, a nombre de supuestas representaciones, dominar toda la institucionalidad imponiendo la visión única del gobernante de turno. Efectivamente, como sucedió en los hechos, pese a las advertencias por el riesgo inminente que significaba concentrar el control total de los poderes públicos a manos de una sola voluntad, a través de procedimientos trucados se consiguió que personas cercanas al régimen dirigieran los organismos de control, lo que desencadenó que las auditorías y vigilancia sobre el manejo de la cosa pública fueran inexistentes y que la corrupción y el atraco a los fondos del erario nacional pulularan por doquier. A esto se añade que, cuando las sospechas ya eran indicios inminentes de una serie de ilícitos cometidos por algunas de las más altas autoridades del gobierno anterior, en lugar de consultar a la población sobre la eliminación de semejante engendro, se optó por una forma de integración de ese organismo, que no resuelve el problema sino que lo más probable es que lo agrave.

Sus miembros serán elegidos por voto popular. Pero sólo hasta que arrancó el proceso eleccionario se vienen a percatar que, para la gran mayoría de votantes, el tema le es absolutamente ajeno y que el problema de fondo, las atribuciones otorgadas mediante norma constitucional para designar a una serie de funcionarios cuya actuación es trascendental para la vida jurídica de la nación, la tendrán en sus manos personas que no serán escogidas por sus méritos, trayectoria, hoja de vida impecable, sino por haber obtenido la mayoría de votos que desconocen sobre lo que se pronuncian.

No hay duda, éste es un mecanismo que poco aporta para una verdadera cimentación institucional y, al parecer, genera más de una preocupación. Cabría pensar que, una vez que se han esfumado las intenciones de perennizarse en el poder de los mandatarios,al menos como ha dicho el actual residente de Carondelet, lo que invita a pensar que ya no requieren tener el control absoluto de todas las instituciones del Estado, cabe estudiar la posibilidad de ir hacia una reforma constitucional que, conforme la Doctrina y las prácticas que se han mostrado eficientes en el Derecho Constitucional comparado, establezcan una forma apropiada para la designación de los titulares de los Organismos de control, dejando de lado novelerías.