En la Asamblea Nacional discuten la propuesta de cambiar su estructura: la actual debería, según proponentes, ser sustituida por dos: Cámara de Diputados y Cámara del Senado.
Este tema no es nuevo. En 1835, cuando el Ecuador tuvo su segunda Constitución, se creó un Congreso formado por Cámara de Senadores y Cámara de Representantes.
Hoy, hay una sola y surgen anhelos de que volvamos a tener dos: la otra –la del Senado- con personas de experiencia de la vida real y capacitadas en cada actividad, la que sería un filtro para evitar novelerías y precipitaciones propias de la inexperiencia, comprensible en una Cámara con políticos jóvenes, particularmente cuando se trataba de juzgar decisiones sobre la conducta oficial del Presidente de la República y de una serie de los más altos funcionarios del Estado.
Tema de alta importancia en la Legislatura actual es el proyecto de eliminar; o, por lo menos, limitar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, creado por la novelería “revolucionaria” en Montecristi.
En 1978, se aprobó toda una Constitución (y no solo una parte), cuya presentación dice: “El pueblo del Ecuador, en ejercicio de su soberanía expide y sanciona, mediante referéndum, su Constitución”. Por supuesto, las condiciones políticas de aquella época fueron diferentes; pero no elimina la capacidad soberana del pueblo para decidir su destino.
Deberían meditar en el contenido de la Constitución de 1967 que, al conformar la Función Legislativa la hizo con dos Cámaras. La del Senado incluía, aparte de los elegidos por voto popular, a Senadores Funcionales: uno, por la educación pública; uno, por la educación particular; uno, por los medios de comunicación, academias y sociedades científicas y culturales; dos, por la agricultura; dos, por el comercio; dos, por la industria; cuatro, por los trabajadores; uno, por las Fuerzas Armadas y uno por la Policía Civil Nacional. Esa inclusión fue muy fructífera, pues estos senadores, conocedores de la realidad de cada actividad a la que representaban, cuando ponían a discusión alguna ley, o cambio de ley, etc., relativo a su área, informaban a los demás sobre los alcances; y, de ese modo, el producto era más acertado.
En una forma u otra, los componentes del Congreso del Ecuador no han satisfecho completamente los anhelos populares: mucho discurso, demasiada confrontación, pérdida de tiempo, abuso del poder por parte de algunos legisladores, como aquello de cobrar una parte del sueldo o salario que paga el Estado a sus asesores; ausentarse del trabajo bajo alegaciones de inconformidad o cualquier otro argumento, sin que se haya revelado aún si, a pesar de esa ausencia, cobraron su estipendio completo.
Los sagrados intereses de la patria y del pueblo son el primer deber de sus políticos.