El Presidente Correa, al denostar a quienes han criticado su iniciativa de convocar a una consulta para reformar la Constitución, ha dicho que el pueblo debe confiar en él y no en los viejos representantes de la partidocracia. Algunos, dentro de su propio Movimiento, han cuestionado también la consulta. Correa rebatió sus argumentos con una sola poderosa palabra: ¡traidores! El Presidente no discrimina: ofende, insulta y descalifica a todos cuantos no piensan como él, sin distinción de género, raza o creencias religiosas o políticas.
“Confíen en mí”, pide al pueblo, al decir que la Constitución de Montecristi -que debía durar trescientos años y era “la mejor de América y del mundo”- debe ser modificada. ¿Para qué? Para permitirle intervenir en la Justicia y hacerla eficiente y creíble, no como ha llegado a ser y ha seguido siendo durante los cuatro años de su gobierno. Ciertamente, es un derecho y un deber de los gobernantes actuar para que la confianza de la nación premie sus aciertos. Pero el primer deber del estadista es trabajar para que el pueblo confíe en las instituciones de la República. Y eso se consigue progresivamente, respetándolas y no vilipendiándolas todos los días.
¿Cómo confiar en el Júpiter tronante que, desde lo alto del Olimpo, lanza truenos y centellas contra todos, en su afán de asumir mayores poderes “para servir mejor al pueblo”? ¿Acaso hemos escuchado de él discursos de conciliación y concordia como el pronunciado por Obama, con motivo de la tragedia de Tucson, que ha unido en el elogio a republicanos y demócratas?
Juristas de alcurnia académica han encontrado que algunas preguntas de la consulta tienen vicios de sustancia y procesales que las volverían inconstitucionales. Respetables ciudadanos, ante la evidencia de un autoritarismo creciente, han resuelto crear un cauce democrático para propiciar una reflexión colectiva sobre la Patria. Inclusive, algunos fundadores del movimiento Alianza País han considerado necesario constituir un Frente de Defensa de la Democracia.
Pero el Presidente, en lugar de examinar con serenidad, objetividad y sentido de patria tan crecientes y fundadas críticas, ha recurrido a su argumento más usual: pedir a la ciudadanía “estar vigilante” porque la decisión de la Corte Constitucional pudiera no corresponder a su deseo. Y ha descalificado anticipadamente a la Magistrada que debe informar sobre el caso. He allí como concibe la independencia y dignidad de los jueces. Buen Juez será el que sentencie según el criterio presidencial. Malo, el que aplique la ley desatendiendo la voluntad del poder.
¡Reflexionemos sobre qué calidad de magistrados y jueces surgiría al llevarse a la práctica el sistema de reestructuración de la justicia que el Presidente Correa ofrece como regalo al pueblo, si llegare a contestar sí a su consulta!