Confianza. La ciudadanía no confía en la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, ni en su colega Acero, porque han dado repetidas muestras de actuar fuera de normas elementales de honestidad y buena fe. La democracia representativa, que tiene como eje central la elección de los principales dignatarios y legisladores, exige la confianza de los electores en el CNE. Dudas sobre la integridad, independencia y honestidad de sus miembros destrozan los procesos electorales. La presidenta del CNE y la vocal Sra. Acero, tienen grave responsabilidad en la designación de funcionarios que no poseen la integridad mínima para trabajar en ese organismo. El caso más clamoroso es el de Loyo, ex coordinador de procesos electorales, ahora en la cárcel, sentenciado por asociación ilícita, reconocida por él mismo. Este ciudadano tiene largo historial delictivo y no podía desempeñar ningún cargo en el CNE, a menos que se hubiese buscado un personaje que facilite acomodar los resultados electorales.
Y claro, los intereses y ambiciones de grupos políticos impidieron que la Sra. Atamaint enfrentase un juicio político que, al menos, hubiese servido para transparentar manejos extraños en el Consejo Nacional Electoral. Por tanto, más allá de la actuación de los vocales de minoría, las elecciones generales de 2021 parten con un organismo electoral desprestigiado.
Fetichismo legal. En Ecuador se cree que la vía milagrosa para remediar los problemas económicos, de seguridad, de empleo, de desorden institucional, es dictar nuevas leyes. Así se ha creado una suerte de fetichismo legal en el cual los ciudadanos son engañados por dirigentes políticos que prometen nuevas leyes para solucionar cualquier problema. La realidad es precisamente la contraria: la acumulación desordenada y caótica de normas legales y reglamentarias, es propia de las naciones subdesarrolladas. Calificar al órgano legislativo, llámese Asamblea o Congreso, por el número de leyes expedidas, es una aberración propia de sociedades primitivas. El caos legal en Ecuador se manifiesta en una Constitución obesa de 444 artículos contradictorios, reglamentarios y almibarados y un enorme grupo de leyes con múltiples reformas y reformas a las reformas, que solo sirven para crear confusión en los ciudadanos. Lo importante no es que se dicten leyes, sino que éstas tengan un orden y racionalidad indispensables y sobre todo que se apliquen oportuna y diligentemente. En los 10 años del caudillo, la Asamblea Legislativa, convertida en secretaría de legislación de la presidencia de la República, aprobó decenas de leyes, muchas calificadas de orgánicas, que complicaron la vida de los ciudadanos, destrozaron la institucionalidad y muchas se diseñaron para proteger a los autores de los más grandes atracos en la vida nacional.