Fabián Corral

Condición esencial: La seguridad jurídica

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Jueves 12 de septiembre 2019

La seguridad jurídica se ha convertido en un lugar común que enuncia todo el mundo; sin embargo, en la práctica, no hay comprensión cabal de la noción y su alcance, la verdad, tampoco existe efectiva seguridad jurídica. Es algo parecido a lo que ocurre con el “Estado de Derecho.” ¿En qué consiste la seguridad jurídica tan reclamada e incomprendida?

1.- ¿Qué dice la Constitución?.-La Constitución de 2008 extrajo el concepto del artículo correspondiente a los derechos y garantías, y lo colocó en un texto suelto, en el Art. 82, que dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”

2.- La seguridad jurídica, tema de certeza frente al poder.-El tema tiene vinculación con la legalidad (vigencia de la norma e irretroactividad), sin embargo, como valor social, va más allá; es el derecho humano, irrenunciable e intangible, a contar con sistema normativo, conducta judicial y práctica administrativa (i) estables, (ii) previsibles, (iii) motivados, (iv) claros; y, (v) eficaces.

2.1.- La estabilidad legal y la aplicación del principio de jerarquía normativa. La estabilidad alude a (i) la razonable vigencia de las normas en el tiempo, sin alteraciones súbitas e imprevisibles de las “reglas del juego”, que impidan que los sujetos planifiquen su vida, protejan su patrimonio, organicen sus actividades contando con un horizonte razonable de posibilidades, y sepan con anticipación a qué atenerse en los diversos órdenes de la existencia, desde la educación hasta el pago de impuestos, pasando por las garantías a la propiedad y el derecho a la ganancia legítima. (ii) Alude también a que las garantías constitucionales y las normas legales no deben estar sujetas a la discrecionalidad de reglamentos, resoluciones y actos administrativos, ni a las caprichosas interpretaciones de los jueces. Si no hay respeto a la jerarquía normativa, si los derechos se condicionan a lo que diga el acto de la autoridad o la sentencia judicial contraria a la ley y a la justicia, no hay seguridad jurídica.

2.2.- La previsibilidad de la conducta.-Del imperio de la ley fluye la posibilidad de que cada ciudadano sepa cuál será la acción de la autoridad en determinadas circunstancias, cuáles serán los derechos y las obligaciones tributarias y laborales que corresponden a cada individuo o empresa, cuáles las consecuencias de la ilicitud de sus actos, cuáles los límites de los contratos y cuáles los espacios para desarrollar negocios. Un estado de cosas imprevisible, ya sea por inacción de la autoridad o por arbitrariedad, niega el fundamento del contrato social: la gente fundó el Estado para saber a qué atenerse y salir del “estado de naturaleza” y de guerra civil permanente.

2.3.- La motivación de los actos de poder.-No hay seguridad jurídica si los actos de autoridad -leyes, decretos, sentencias, resoluciones, etc.- no están motivados en (i) los fundamentos y valores constitucionales y legales que legitiman la acción; (ii) en el análisis objetivo, y no solamente ideológico, de las necesidades sociales, los hechos y valores en juego; y; (iii) en la apreciación de sus efectos sobre los derechos de los miembros de la comunidad. Como los legisladores y gobernantes ejercen poderes ajenos (pertenecen del pueblo, se supone), deben justificar sus actos (motivarlos), ya que no tienen título propio, y deben hacerlo política, jurídica y socialmente.

Si bien la Constitución establece la motivación como garantía procesal (Art. 76), sin embargo, el sistema democrático extiende la motivación a todos los actos del poder, y no solamente a los judiciales, porque en el régimen republicano se ejerce un poder limitado y jurídico, y no un poder discrecional o arbitrario. La motivación es la justificación racional de los actos.

2.4.- Claridad normativa y jurisprudencial.- Enemigos de la seguridad jurídica son la arbitrariedad interpretativa de leyes y contratos y el incumplimiento normativo. Además, (i) la mala calidad del sistema legal, (ii) la saturación legislativa,(iii) la obscuridad de las normas, y, (iv) la superposición de disposiciones; en definitiva, la caótica selva en que se ha convertido el ordenamiento jurídico. Si no existe jurisprudencia consistente y clara que exprese la ley aplicada a la vida, no hay seguridad jurídica.

Otro factor de inseguridad es la distorsión del ordenamiento jurídico por la constante emisión de disposiciones inferiores (actos administrativos, resoluciones de organismos de control, interpretaciones, etc.), en oposición a los principios y normas constitucionales y legales, hasta crear un verdadero mundo normativo paralelo en el que fundamenta su poder la burocracia.

En esa selva normativa constituye importante instrumento de apoyo la tecnología que permite desentrañar el caos, pero no es suficiente, ni ella supera los problemas conceptuales que entraña el fenómeno de la constante “delegación legislativa”.

2.5.- La eficacia y la vigencia real de los derechos.-La eficacia de la ley y la vigencia de los derechos individuales, la estabilidad normativa, el rigor de la jurisprudencia, son la mejor evidencia de que rige la seguridad jurídica, no solo como teórica declaración de la Constitución.

2.6.- Los contratos administrativos.- Las prácticas que más erosionan la seguridad jurídica tienen relación con la ejecución, interpretación y desconocimiento de los contratos que se celebran con el Estado. Sin seguridad, los contratos son papel mojado. En este tema usualmente campea la arbitrariedad y la falta de certeza, graves enemigos de la inversión. Y es uno de los asuntos a los que deben mirar con más atención y preocupación los gobiernos.

fcorral@elcomercio.org