Hace pocos días concluyó el concurso público tendiente a seleccionar a los nuevos magistrados de la Corte de Justicia. Siguiendo con la tradición ecuatoriana, el diseño del proceso, y su implementación, no tiene comparación con otro país de América Latina o del mundo. La descomposición moral de algunas de las Cortes de Justicia en el Ecuador, llevó al Gobierno a consultar al soberano sobre la necesidad de establecer un Consejo de la Judicatura provisional compuesto por tres miembros para que se encargue de reorganizar al sistema judicial. El pronunciamiento fue mayoritario, y de inmediato se procedió a sentar las bases sobre la que se asentaría todo el proceso. No solamente el encargo se reducía a la nominación de los nuevos jueces, sino a la evaluación del personal de judiciales para determinar si estaban capacitados o no para continuar en sus funciones. Así mismo, enfrentada la Función Judicial con una deficiente infraestructura se dio inicio a un programa de emergencia para comprar y rehabilitar inmuebles para que alberguen a los nuevos funcionarios. Para eliminar la costumbre de foliar los procesos, coserlos y archivarlos en el mejor de los casos encima de los muebles de oficina, se está invirtiendo en un moderno sistema de computación, con suficiente capacidad de memoria para almacenar los procesos cerrados y los que se están sustanciando. De lograr los objetivos propuestos, la modernización de la justicia estará en marcha, dependiendo en el futuro de la actitud de los nuevos jueces y juezas, para que con sus pronunciamientos y sentencias vayan reconstruyendo la confianza en el sistema judicial. Así mismo, se anuncia la apertura del concurso para nombrar al Contralor General del Estado. Este funcionario, como juez de cuentas, encargado de vigilar que las decisiones financieras que toman los funcionarios públicos, y la administración que realizan de los recursos del Estado, estén ceñidas a la ley, necesita exhibir un pasado fuera de toda sospecha, ya que sobre él recae la responsabilidad de frenar la corrupción. Por consiguiente, en este concurso que se avecina, es importante no solo pedir la hoja de vida a secas de los aspirantes, sino solicitarles que la abran, para conocer los cargos que han desempeñado; los ingresos percibidos; los activos adquiridos; el pago del Impuesto a la Renta y sus aportes a la seguridad social, en una memoria que permita no dejar duda alguna que el funcionario seleccionado es un hombre probo, que, en su vida profesional y pública, no ha estado vinculado a instituciones donde la corrupción ha sido denominador común. Más allá de los cursos aprobados, diplomas y medallas recibidas, el país debe conocer la trayectoria de los candidatos.