En esta columna escribo periódicamente sobre la gran minería por considerar que le interesa a la ciudadanía. A algunos por la promesa que conlleva de grandes inversiones, empleo, e ingresos fiscales. A otros, preocupados por sus efectos ambientales.
Desde marzo, que se firmó el contrato con Ecuacorriente, propiedad de un consorcio chino, he escrito tres artículos, centrados en el arranque de esta actividad.
El titular del artículo de junio 26, ‘El despegue en espera’, fue correcto. Los anuncios posteriores que se hicieron casi inmediatamente después me llevaron a rectificar y aseverar en agosto 7 que “se despejan dudas”. Esta fue una conclusión apresurada.
Lo que me llevó a concluir que se despejaban dudas es que el presidente Correa reconoció que la Ley era extremadamente dura en lo que respecta al reparto de los excedentes que genera la minería, desmotivando a las empresas que hacen inversión de riesgo, y anunció que mandaría a la Asamblea un proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Se suspendería el tratamiento especial para ingresos extraordinarios hasta que la inversionista recuperase la inversión. Eso satisfaría a Kinross, que tiene los derechos a un gran yacimiento aurífero, Fruta del Norte.
El Presidente no ha enviado el proyecto de ley a la Asamblea. Es improbable que lo envíe antes de las elecciones de febrero, para no dar aliento a los opositores a la gran minería, que son sus rivales electorales.
Mientras tanto Kinross se endeudó fuertemente para desarrollar sus minas: un préstamo con garantías por USD 1 000 millones más una línea de crédito por USD 1 500 millones. Pero los accionistas de Kinross se rebelaron y reemplazaron al Presidente que negociaba con el Gobierno el contrato por Fruta del Norte. Kinross se tomará el tiempo necesario “para establecer la secuencia correcta de los proyectos” dice su nuevo Presidente, mencionando lo bien que va la operación en Rusia, la necesidad de bajar la escala de aquel en Mauritania así como en Lobo-Marte, de Chile. No menciona Fruta del Norte.
Como algunos de sus antecesores, este Gobierno tiende a pensar que el mundo se mantiene en vilo, paralizado, en espera de lo que decida Ecuador. Quizá para cuando el país por fin tenga una Ley de Minas reformada, Kinross ya haya comprometido su presupuesto de inversión en otros proyectos.
Quizá incluso eso ya haya pasado con Ecuacorriente, a cargo del gran proyecto cuprífero Mirador. El contrato se firmó hace más de seis meses, y la empresa no da señales que va a iniciar operaciones.
¿No será acaso que los fondos previstos, los haya reasignado a otros proyectos? ¿O sabiendo que las reformas a la ley la va a beneficiar, esté esperando a que se las apruebe, antes de arrancar?
Las dudas no se despejaron. Persisten.