Una de las libertades manipuladas y pisoteadas por la falsa ‘revolución ciudadana’ ha sido la de expresión. La norma constitucional, que garantiza a todas las personas “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”, ha terminado siendo letra muerta.
Ha sido aplicada con maniqueísmo y descaro: los representantes del poder, con el loable ejemplo de nuestro eximio gobernante, en un ambiente de excesos e impunidad, han impuesto el agravio procaz y la descalificación; en cambio, a los ciudadanos, con una administración de justicia sumisa y sometida, se les ha limitado la búsqueda de la verdad y el derecho a la crítica, la réplica y la defensa.
La Ley Orgánica de Comunicación, mal redactada y con normas ambiguas (sello distintivo de la ‘revolución ciudadana’), en lugar de servir para regular, controlar, evitar y sancionar los abusos, se ha convertido en el instrumento idóneo para institucionalizar el abuso.
En un estudio recién publicado, ‘El delito de expresarte’, Francisco Barbosa, citado por Fernando Balseca, afirma que esta ley “se ha convertido en un instrumento del poder para construir una opinión a la medida del poder, sin crítica”. Estoy de acuerdo: su contenido represivo y sancionador, perverso, ha llevado a los medios de comunicación privados, por una excesiva prudencia, por temor, a adoptar hasta medidas de censura previa.
Leonardo Valencia, uno de nuestros mejores escritores, en un artículo publicado hace pocos días, ha denunciado un hecho insólito y vergonzoso. Fue invitado por los responsables de la revista ‘Letras del Ecuador’, de la Casa de la Cultura, a realizar un análisis sobre la situación editorial en el país. Luego de una larga espera, le informaron que su artículo no se publicaría por un párrafo crítico sobre la promoción del indigerible libro del actual gobernante. “El peor de los casos es el que llevó a cabo el mismo presidente de la República, Rafael Correa, presentando en varias ferias del libro internacionales su propio libro -‘Ecuador: De Banana Republic a la No República’- aprovechando que el Ecuador era el país invitado”.
Cobardía, indignidad y sumisión. En esa línea de hechos, he leído que en los próximos días dos organismos burocráticos, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, resolverán sobre la renovación de las frecuencias de las radios Visión y Democracia.
Quienes creemos en la independencia de esos medios de comunicación, conocemos su credibilidad y su alta sintonía, aplaudimos su apertura al análisis, la denuncia y el debate, debemos estar alertas. El trámite para la renovación de las frecuencias no puede servir, aparentando una falsa legalidad, para silenciar los espacios pluralistas, de reflexión y crítica, necesarios para la construcción de una auténtica democracia.
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