Desde el año 2005 se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
Ahora, cuando nuestro país padece por este flagelo en los diversos niveles de la sociedad, se debe apoyar que se haga efectiva la Convención, cual contempla el enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, malversación y peculado de bienes en el sector privado, blanqueo del producto del delito, sancionando incluso el encubrimiento.
En cuanto al sector público, la Convención en el Art.8, dispone: “Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos”.
Agrega la necesidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes, cuando tengan conocimiento de ellos.
En el Art. 9 prevé las normas sobre contratación pública y gestión de la hacienda pública, con transparencia, difusión pública de información relativa a procedimientos de las contrataciones y los contratos, incluida información sobre licitaciones y adjudicación, a fin de que los potenciales licitadores dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas.
En el Art. 11, respetando la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, dispone adoptar medidas para reforzar la integridad y evitar oportunidad de corrupción en ese poder.
En las leyes internas del Ecuador, no faltan normas para combatir la corrupción y para sancionar los actos de lavado de activos, cohecho y concusión, es decir recibir gratificaciones o exigirlas para atender favorablemente; así como el peculado. Cuantos juicios, desde antaño, se han instaurado para sancionar los actos de peculado, en algunos casos incurriendo en exageración y con evidente ánimo de persecución política. ¡Donde interviene la política, todo se daña!
Actualmente están en marcha investigaciones y juicios por corrupción sobre todo en la más rica fuente de dinero, el petróleo, sea en la administración cuanto en los contratos, en los que aparecen las coimas para funcionarios altos.
Estamos viviendo, con expectación, el caso de la corrupción proveniente de la compañía brasileña Odebrecht. Alguna razón valedera debe haber para que exista tánta reserva, demora y misterio para conocer a los beneficiarios de más de USD 33 millones supuestamente entregados y recibidos en concepto de coima y denunciados en la justicianorteamericana.
¿Quiénes serán los involucrados en esos pagos millonarios? ¡Misterio gozoso para los presuntos beneficiarios y nuevos ricos!
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