Las medidas económicas del Gobierno van por el camino correcto para hacer un país viable, ordenar estructuralmente la economía y dejar de gastar más de lo que produce, por lo que al Ecuador de hoy no se le puede pedir más para sincerar los costos y cambiar las expectativas negativas por la esperanza de un mejor futuro. Así como hemos criticado la inacción justo es reconocer el carácter decisivo de la liberación de precios de los combustibles, que termina con los absurdos de dar subsidios a los que no necesitan y propiciar el contrabando de combustibles en alta mar y hacia Colombia, aunque no es conveniente mantener las compensaciones al diésel (creadas en diciembre 2018) que consume el sector camaronero porque ya es competitivo a nivel mundial.
Los nuevos precios de los pasajes urbanos e interprovinciales deberán ser fijados responsablemente por las autoridades seccionales en forma justa y sin sobreproteger a los transportistas que secuestran al país para obtener más ventajas con sus protestas injustificadas, pues en definitiva ellos no van a perder nada ya que serán los pasajeros quienes pagarán la subida de pasajes.
Respecto del impacto en los precios de los alimentos es necesario que den ejemplo las grandes cadenas de comercialización de bienes de consumo masivo (cuyos ingresos en 2018 fueron de USD 8.261 millones) para que no suban los precios y absorban los pequeños ajustes que harán los transportadores de productos de primera necesidad.
La paz se logrará si las subidas de los bienes de consumo masivo son mínimas, para que no baje el consumo y se genere una recesión que perjudicará a transportistas, comerciantes y consumidores, postergando la reactivación económica y el aumento del empleo. Este es un asunto esencial en donde el Gobierno debe emplearse a fondo para no impactar en la gente pobre.
Con la gasolina y el diesel a precios internacionales se podrá terminar con el monopolio estatal que vende un combustible de mala calidad, al tiempo que reducirá el consumo exagerado y bajará la contaminación. La empresa privada ahora tiene la oportunidad de invertir en refinerías nuevas o en importación de buenos combustibles a precios que fluctuarán de acuerdo al vaivén de los precios petroleros.
Por su parte los grandes empresarios deberán contribuir con el 0,1% de sus ingresos anuales mayores a USD 10 millones, lo cual es poco pero mejor que nada.
Al respecto hay un sector que hace grandes negocios y pagan bajos impuestos como el de las telecomunicaciones, cuyos ingresos alcanzaron las enormes cifras de USD 3 600 millones en 2017 y USD 3 700 millones en 2018 y pagaron impuestos ínfimos. Si excluimos a la estatal CNT, las demás que son multinacionales pagaron por impuesto a la renta una sumatoria que solo representa el 2,94% sobre sus ingresos en 2017 y el 3,65% en 2018, por lo que es justo pedirles una contribución especial y equitativa.